JNE acude al TC para suspender resoluciones del PJ que favorecieron al partido Unidad Popular: estos son los fundamentos
El máximo intérprete de la Constitución deberá pronunciarse sobre la autonomía del ente electoral.
La Procuraduría Pública del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), junto con el abogado Víctor García Toma, acudió al Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la suspensión de los efectos de las resoluciones emitidas por el Poder Judicial (PJ) en el caso del partido político Unidad Popular.
El recurso de medida cautelar presentado busca impedir que las decisiones judiciales interfieran en el desarrollo del cronograma electoral. En ese sentido, la Procuraduría pidió que el Poder Judicial, a través de cualquiera de sus órganos, se abstenga de emitir fallos que alteren los plazos fijados por el máximo ente electoral.
El JNE fundamentó su medida en que el juzgado ordinario habría incurrido en un “vicio competencial”, al desconocer los límites establecidos en la Constitución respecto a la distribución de atribuciones entre el Poder Judicial y el organismo electoral.
“El JNE fundamenta su solicitud en que existe un vicio competencial: en este caso, el juzgado ordinario ha excedido sus atribuciones al desconocer la distribución de competencias establecida en la Constitución entre el Poder Judicial y el JNE, así como el precedente vinculante del TC en el caso Lizana Puelles, que reafirma la intangibilidad del cronograma electoral”, señaló la defensa.
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La institución recordó que el propio Tribunal Constitucional fijó un precedente vinculante en el caso Lizana Puelles, el cual establece que las decisiones del Jurado sobre plazos y procedimientos en materia electoral no pueden ser revisadas por el Poder Judicial.
Según el planteamiento, las resoluciones que favorecieron a Unidad Popular comprometen la estabilidad y la certeza del proceso democrático.
De este modo, el JNE no solo pidió la suspensión inmediata de los fallos cuestionados, sino también una orden expresa al Poder Judicial para que evite dictar resoluciones que alteren el normal desarrollo de las elecciones.
Con esta acción, el organismo busca resguardar la autonomía del sistema electoral y garantizar que los comicios se lleven a cabo sin interferencias externas.
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