Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, anuncia más presupuesto para unidades en flagrancia
Aumento es para luchar contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana que vive en este momento el Perú.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, obtuvo que el Gobierno se comprometa a destinar el presupuesto necesario para la implementación de nuevas unidades de flagrancia en el país con la finalidad de contribuir a la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana.
Este logro se consiguió en la Mesa de Trabajo convocada por el Ejecutivo y que contó con la participación, además, de representantes del Congreso de la República, Ministerio Público y gremios de transporte.
El Poder Judicial tiene el objetivo de implementar hasta fin de año 38 unidades de flagrancia en diversas jurisdicciones del país, en cumplimiento de la Ley N° 32348 (norma que crea el Sistema Nacional Especializado en Flagrancia Delictiva).
El Consejo Nacional del Sistema de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, que preside Janet Tello Gilardi, el pasado 12 de septiembre aprobó sustentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el requerimiento presupuestal para tal fin, en cumplimiento de un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).
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Hasta el momento se han instalado 29 unidades de flagrancia y la última que se puso en funcionamiento el pasado lunes 6 de octubre fue la Unidad de Flagrancia Modelo Tipo 2 de la Corte Superior de Ucayali.
De otro lado, la presidenta del Poder Judicial reveló que próximamente se pondrán al servicio de la ciudadanía unidades piloto de flagrancia delictiva en Madre de Dios, Áncash, Huaura, Junín, Pasco, Huancavelica, Cañete, Selva Central y Ayacucho.
Por otro lado, Tello anunció que también se creará, en un plazo no mayor a quince días, una unidad especializada en la Policía Nacional para combatir la extorsión.
Además, desde la Mesa Directiva del Congreso se impulsará una iniciativa legislativa para la creación de un Grupo Interinstitucional Especializado para el combate contra la extorsión y el sicariato, que integrarán el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, la PNP y otras entidades que correspondan.
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