INPE en alerta por Betssy Chávez: reporte médico ante traslado a Hospital María Auxiliadora
Ocurrió luego de que interna rechazara atenciones médicas en penal.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó este lunes 1 de septiembre que trasladó a la ex primera ministra Betssy Chávez del penal Anexo Mujeres de Chorrillos al Hospital María Auxiliadora.
La institución señaló que la decisión se adoptó por prescripción médica y como medida de prevención para garantizar un monitoreo constante de su estado de salud.
El organismo penitenciario explicó que la medida busca descartar cualquier complicación derivada de la huelga de hambre a la que se sometió la interna desde el pasado 20 de agosto.
En pronunciamiento difundido en la red social X, el INPE precisó que “desde el inicio de su huelga de hambre seca, la interna Chávez Chino ha recibido supervisión permanente del médico penitenciario”.
La entidad también remarcó que trasladó el hecho de manera antelada a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo sobre la evolución de la exfuncionaria.
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Con ello, dijo, se busca garantizar la transparencia del procedimiento y el cumplimiento de los protocolos establecidos para la atención de reclusos en riesgo. El 25 de agosto, Chávez rechazó la primera revisión médica por parte del personal del penal, incluso la medición de sus signos vitales.
Según el INPE, los especialistas le advirtieron que la negativa podría ocasionar complicaciones graves, entre ellas la muerte.
Tras recibir esa información, la exministra firmó un consentimiento informado en el que asumía la responsabilidad de su decisión. En una carta difundida días antes, Chávez justificó su huelga de hambre como protesta contra lo que calificó de “maltratos y abusos del INPE”.
Asimismo, acusó a la institución de enviarla a audiencias judiciales bajo los efectos de “alprazolam y fluoxetina”, situación que la llevó a anunciar que rechazaría futuras atenciones médicas e incluso maniobras de reanimación. El traslado de la exjefa del gabinete ministerial mantiene en alerta a las autoridades penitenciarias y sanitarias.
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