Ineptos y corruptos negociaron acuerdo con empresa Odebrecht, sostiene exprocuradora Katherine Ampuero

La ex procuradora ad hoc del caso Lava Jato sostuvo que la conducta de los fiscales del equipo especial y procuradores no se ha caracterizado por su ineptitud, que por cierto existió, sino que este es un caso doloso y eventualmente de corrupción porque se ha violado la Ley de Colaboración Eficaz.

Para empezar, “nunca un procurador de la República ha renunciado al cobro de la reparación civil, pero ha ocurrido por primera vez con la devolución de 524 millones de soles, retenidos en un fideicomiso, monto que fue devuelto a Odebrecht por orden de un juzgado”, recordó Ampuero.

El contenido penal está además claro en la llamada cláusula de progresividad que vulnera la ley que ordena que la información del colaborador debe ser entregada y de inmediato corroborada. “No se trata de otorgar beneficios por información a futuro que, por lo demás, es incierto”, sostuvo en declaraciones a EXPRESO.

En segundo lugar, la colaboración eficaz señala que solo se deben archivar investigaciones en las que se aceptó la comisión de delitos, como han sido en los cuatro proyectos: Interoceánica Sur tramos 2 y 3, Línea 1 de Metro de Lima, la Vía de Evitamiento del Cusco y la Costanera del Callao.

Pero los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, incluidos los procuradores Jorge Ramírez y Silvana Carrión, archivaron todas las investigaciones a los brasileños donde había procesos en giro como en el Gasoducto del Sur.

“También en Rutas de Lima, donde yo denuncié a Susana Villarán, a Jorge Barata (superintendente de Odebrecht) y otros, cuyas investigaciones debieron seguir con la consiguiente incautación de su patrimonio y otras medidas cautelares”, recuerda Ampuero, quien fue despedida por la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello, encargada de revertir las medidas que la procuradora había tomado en defensa de los intereses nacionales.

Ganancias ilegales

Una tercera conducta ilícita fue exonerar a la empresa corrupta del pago que tenía que hacer de las ganancias ilegales, vale decir, de los 30 millones que la misma Odebrecht había reservado para este pago adelantado.

Cabe subrayar que la ley de colaboración eficaz señala que los beneficiarios solo debían ser los cuatro ciudadanos que firmaron el acuerdo, Jorge Simoes Barata, Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes, Renato Ribeiro Bortoletti y Antonio Carlos Nostre Junior, pero en el acta firmada los beneficiarios son todos los funcionarios de todas las sucursales de la transnacional del delito. “Esto también es ilegal”, subraya Ampuero.

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Finalmente, la Procuraduría, al renunciar a tomar nuevas medidas judiciales con las pruebas que aportaran los colaboradores, lo mínimo que podía exigir, en contraprestación, era también impedir que la empresa pudiera denunciar al Perú en sede nacional y en el exterior.

Esto, para que no se dé pase a arbitrajes como en el CIADI, principalmente de parte de Odebrecht, por 1200 millones de dólares en el caso Gasoducto.

“Esto último puede ser incompetencia de fiscales y procuradores de la parte peruana, pero no descarto el cohecho, pero en el resto es delito”, concluye en respuesta a un artículo de Ricardo Uceda publicado en El Comercio.

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