Fiscalía y Policía allanan casa de Nicanor Boluarte y oficina de socios de Juan José Santiváñez
Agentes incautaron documentos y equipos en operativos simultáneos.
La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron esta madrugada un amplio operativo anticorrupción que incluyó el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el distrito limeño de San Borja. De manera simultánea, otro equipo intervino un despacho de socios del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en el centro empresarial de San Isidro.
La diligencia, dirigida por fiscales especializados en delitos de corrupción y reforzada por agentes policiales, comenzó cerca de las 5:20 de la mañana como parte del denominado operativo Ícaro. Según comunicó el Ministerio Público, las medidas responden a una investigación por presunto uso indebido de influencias, favorecimiento ilícito y encubrimiento de pruebas.
Los fiscales explicaron que la pesquisa involucra varios inmuebles y apunta a esclarecer un conjunto de actos que habrían beneficiado de manera irregular a empresas vinculadas al sector minero. La investigación también analiza la permanencia de oficiales en puestos claves dentro de la Policía y posibles cobros indebidos.
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En paralelo, las autoridades incautaron documentación y equipos informáticos que podrían servir como evidencia.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que Nicanor Boluarte habría participado en una red que favoreció a la mina El Dorado y a otras concesiones por parte de la Dirección Regional de Energía y Minas de Ayacucho, incluso cuando estas carecían de autorización vigente.
Los fiscales también investigan si la movilización de contingentes policiales a esa región, en tiempos en que Juan José Santiváñez ocupaba la cartera del Interior, respondió a intereses privados.
La investigación preliminar atribuye a Nicanor Boluarte cuatro presuntos delitos, entre ellos encubrimiento y favorecimiento ilícito. Además, los fiscales indagan si se creó un entorno laboral a través de empresas afines para blindar su permanencia en el cargo, una maniobra interpretada como arraigo artificial.
El operativo Ícaro continuará con nuevas diligencias en Lima y en regiones, mientras la Fiscalía recopila testimonios y documentación para sustentar las acusaciones. Las autoridades recalcaron que el proceso forma parte de una estrategia de lucha frontal contra la corrupción en altos niveles del Estado.
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