Fiscalía y Poder Judicial ponen en libertad a casi 6 mil delincuentes en lo que va del año 2024
Justicia ineficiente pone en riesgo la seguridad ciudadana.
En lo que parece ser un preocupante patrón de liberaciones, la Fiscalía y el Poder Judicial blindó a casi 6 mil delincuentes en lo que va del año 2024. Entre ellos se cuentan 200 sicarios, incluyendo menores de edad, que según informes de la Policía Nacional del Perú (PNP) residen en los barrios del Callao.
Bajo esa premisa, el general PNP Óscar Arriola alertó sobre la situación, revelando casos alarmantes donde delincuentes detenidos en flagrancia, armados y con situaciones migratorias irregulares, fueron soltados inexplicablemente por las autoridades.
“Cuando llega la Policía se produce un enfrentamiento armado, tiran dos granadas y se les incautan dos pistolas, había abundante droga, de los 29 venezolanos solamente 7 tenían regularidad en su estado migratorio, los demás eran irregulares y tenían antecedentes por sicariato, secuestro, homicidio, tráfico de drogas, de personas, y de la Policía salieron 21, 8 pasaron al juez y después a las 8 personas el juez le da libertad”, acotó.
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La impunidad parece extenderse más allá de la capital, con casos similares reportados en diversas regiones del Perú. Arriola criticó que detenciones relacionadas con el delito de ‘Gota a Gota’ resulten en prisión preventiva, mientras que casos más graves, como el de los sicarios liberados, sean tratados con indulgencia.
Uno de los casos más destacados involucra a dos hermanos menores de edad, conocidos como Kiko y Messi, quienes habrían cometido tres asesinatos en el Callao. El último de estos crímenes tuvo lugar el 2 de junio, cuando presuntamente dispararon más de 20 veces contra un individuo en su vivienda.
Según las autoridades, los hermanos podrían haber sido contratados por la organización criminal ‘Los Injertos del Cholo Wara’. A pesar de las pruebas presentadas, los implicados fueron liberados, lo que permitió que uno de ellos continuara con su presunta actividad criminal.
Otro caso que ha generado indignación es el de Edgar Torpoco, un sicario de 20 años vinculado al grupo narcoterrorista Quispe Palomino, quien habría sido liberado casi por "exceso de carcelería". La reacción pública obligó a la Fiscalía a solicitar una condena de 35 años de cárcel para Torpoco.
“Éste es un sicario que estuvo en las filas y fue entrenado por la camarada Vilma y conversó con el camarada José y tenía la misión de asesinar a periodistas, yo he tenido la oportunidad de capturarlo y he tenido la oportunidad de interrogarlo a este criminal, es irrecuperable”, señaló el general PNP.
Por otro lado, la preocupación creciente radica en la posibilidad de que los funcionarios públicos estén siendo coaccionados por estos grupos delictivos, lo que compromete aún más la efectividad del sistema judicial y la seguridad de los ciudadanos.
El congresista Roberto Chiabra está impulsando un proyecto de ley para proteger a los jueces y fiscales que trabajan en casos de alto riesgo, reconociendo la importancia de su labor y el peligro que enfrentan en el ejercicio de sus funciones.
“También hay que preguntarnos ¿estos fiscales tienen familia? ¿estos fiscales no los amenazan o estos fiscales son demasiado fuertes? eso es lo que no se quiere ver, que estos fiscales no están denunciando a un ladrón de celulares, están denunciando a una banda, ¿usted cree que la banda no lo ha ubicado fiscal? entonces el fiscal tiene que decir que está amenazado”, así lo informó Contracorriente.
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