Fiscalía presenta denuncia constitucional contra congresista Lucinda Vásquez por tráfico de influencias en examen docente
Ministerio Público atribuye a la parlamentaria acceso indebido a prueba de ascenso.
El Ministerio Público formalizó una denuncia constitucional contra la congresista Lucinda Vásquez, integrante del Bloque Magisterial, por su presunta implicación en la filtración y venta de la Prueba Única Nacional aplicada en 2021 para el ascenso en la Carrera Pública Magisterial.
La Fiscalía atribuye a la parlamentaria el delito de tráfico de influencias agravado, en perjuicio del Estado.
Según la investigación fiscal, entre agosto y noviembre de 2021, Vásquez habría utilizado su influencia en el Ministerio de Educación para ofrecer a docentes de la región San Martín acceso indebido a la prueba.
La congresista, según la denuncia, habría actuado en coordinación con Ynés Gallardo Calixto, hija del entonces ministro de Educación Carlos Gallardo Gómez, con el objetivo de favorecer a determinados postulantes en el proceso de ascenso.
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Las pesquisas señalan que la filtración del examen fue denunciada por ciudadanos que alertaron sobre irregularidades en la confidencialidad del proceso. Posteriormente, la información recopilada condujo a la implicación de Vásquez, quien habría intervenido directamente en la distribución del contenido de la prueba.
El Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación precisó que la acusación se basa en indicios sólidos de que la legisladora gestionó accesos irregulares al examen, lo que compromete la transparencia del concurso público y afecta la meritocracia en el sector educativo.
Vale indicar que la legisladora enfrenta otra denuncia constitucional, junto a diez congresistas, por presunta negociación incompatible. En este caso, la Fiscalía los señala por haber aprobado un dictamen que favoreció a congresistas pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
La denuncia contra Lucinda Vásquez se encuentra ahora en manos del Congreso, que deberá evaluar su admisibilidad y el inicio del proceso correspondiente. La legisladora no se ha pronunciado públicamente sobre estas acusaciones.
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