Fiscalía pide revertir devolución de dispositivos electrónicos a Martín Vizcarra en marco de caso ‘Los Intocables de la Corrupción’
El ‘Lagarto’ aún enfrenta un juicio oral por otros actos ilícitos en Moquegua.
La Fiscalía de la Nación solicitó a la Corte Suprema dejar sin efecto la resolución judicial que ordenó la devolución de 67 dispositivos electrónicos al expresidente Martín Vizcarra, incautados durante los allanamientos ejecutados el 18 de marzo de 2024 en sus domicilios de Lima y Moquegua.
El Ministerio Público (MP) apeló la decisión emitida el 10 de diciembre por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien accedió parcialmente a un pedido de la defensa legal del exmandatario presentado en octubre pasado.
Según la Fiscalía, el magistrado incurrió en “incongruencia omisiva” al considerar suficiente la extracción de información de los equipos para las diligencias periciales, sin valorar que el proceso en mención constituye apenas una etapa previa a la elaboración del informe técnico correspondiente.
La entidad fiscal sostuvo que la resolución vulneró el artículo 159, numeral 3 de la Constitución, así como el numeral 1 del artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal, al impedir que se cumplan los fines de la investigación preliminar.
Por ello, exigió que la Corte Suprema revoque dicha resolución y declare infundado el pedido de devolución de bienes.
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La Sala Penal Permanente admitió el recurso de apelación el pasado 15 de abril, tras constatar que se cumplían los presupuestos procesales.
El tribunal supremo programará próximamente una audiencia virtual en la que se evaluarán los argumentos de ambas partes antes de emitir un pronunciamiento definitivo.
Esta disputa judicial se enmarca en el proceso que afronta Martín Vizcarra por el caso ‘Los intocables de la corrupción’, donde la Fiscalía lo investiga por presuntos vínculos con una red que promovía lobbies ilegales para apropiarse de fondos públicos a través de contrataciones en Provías Descentralizado durante su gestión presidencial (2018–2020).
Paralelamente, el exjefe de Estado enfrenta un juicio oral por hechos ocurridos cuando presidía el Gobierno Regional de Moquegua.
En ese proceso, el fiscal Germán Juárez Atoche solicitó una condena de 15 años de prisión por el presunto delito de cohecho pasivo propio, relacionado con obras emblemáticas como el Proyecto de Irrigación Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.
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