Fiscalía ‘manda al tacho’ denuncia de Marita Barreto contra periodistas de Willax: No son una banda criminal
Investigación no halló elementos concretos que sustenten la petición de la letrada.
La Fiscalía desestimó la denuncia presentada por Marita Barreto contra periodistas de Willax Televisión al concluir que no existen fundamentos que configuren el delito de banda criminal, solo por investigarla y emitir reportajes que cuestionan su labor o ahondan en el origen de su patrimonio.
La resolución fue emitida por la fiscal Adriana Holguín Ortega, quien determinó que los hechos denunciados no responden a una estructura delictiva organizada ni a un accionar violento o sistemático.
“La figura de banda criminal solo debe aplicarse para sancionar a estructuras delictivas de constitución básica, cuyo modo de accionar carece de complejidad operativa y funcional, y que generalmente están dedicadas a delitos comunes como robo, extorsión, secuestro, marcaje y sicariato”, detalló el documento fiscal.
La denuncia inicial incluía a los periodistas Augusto Thorndike, Carlos Paredes y la propia Milagros Leiva, quienes fueron señalados por presuntamente integrar una red criminal a raíz de sus actividades en medios de comunicación. La fiscal Holguín descartó tal posibilidad y decidió archivar el caso respecto a ese extremo.
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“Entonces archivado el extremo de banda criminal. En conclusión, ni Augusto Thorndike, ni Carlos Paredes, ni yo, somos miembros de una banda criminal; imposible”, declaró Leiva, quien cuestionó públicamente el criterio de la fiscal Barreto al formular una acusación de esa naturaleza: “¿Cómo se te ocurrió denunciarnos como una banda criminal?”.
La decisión del Ministerio Público descarta la figura de organización criminal en este caso, aunque no anula otras diligencias que podrían derivarse de investigaciones paralelas.
La polémica surgida en torno a esta denuncia se suma a las tensiones entre el periodismo de investigación y los operadores de justicia en contextos sensibles, donde la libertad de expresión entra en conflicto con los marcos penales aplicables.
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