Fiscalía denuncia constitucionalmente a congresista José Arriola por recorte ilegal de sueldos a trabajadores
Por ejercer presión a empleados obligándolos a depositar 10 % de sus haberes y 15 % de bonificaciones.
La Fiscalía de la Nación dio un paso decisivo al presentar una denuncia constitucional contra el congresista José Alberto Arriola Tueros.
La acción legal, interpuesta a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales el pasado viernes 16 de agosto, acusa al legislador de la presunta comisión del delito de concusión en agravio del Estado.
Según los detalles de la denuncia, Arriola habría llevado a cabo un sostenido y deliberado recorte ilegal en las remuneraciones de siete trabajadores de su despacho parlamentario.
A estos empleados se les exigía la entrega de donativos, consistentes en alimentos e implementos de cocina, que debían ser destinados a organizaciones de ollas comunes y programas de vasos de leche. El congresista habría advertido a sus subordinados que quienes no aceptaran sus exigencias, perderían sus empleos.
Los hechos no se detuvieron ahí. A partir de diciembre de 2021, Arriola supuestamente incrementó la presión sobre sus trabajadores, solicitándoles entregas de dinero en efectivo.
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Estas sumas representaban el 10% de sus haberes mensuales y el 15% de las bonificaciones extraordinarias. Para legitimar estas demandas, los empleados eran obligados a firmar documentos titulados "Declaración Jurada de Donación Voluntaria", que encubrían lo que la Fiscalía de la Nación describe como un claro abuso de poder.
La denuncia también señala que Arriola no actuó solo. Tuvo una cómplice en la operación, que habría colaborado en la ejecución de estas actividades ilícitas, reforzando las exigencias a los trabajadores.
La Fiscalía sostiene que ambos operaron en detrimento de los derechos laborales y en violación de las normativas que protegen la integridad del Estado.
Este caso, que ahora se encuentra en manos de las instancias judiciales correspondientes, podría desencadenar un proceso legal que no solo afecte la carrera política de José Arriola, sino que también represente un ejemplo de las consecuencias que enfrentan los funcionarios que abusan de su poder.
Se espera que las investigaciones avancen y que se tomen las medidas necesarias para esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables.
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