Exviceministro humalista decidiría suerte de Enco

Un abogado que fue hombre de confianza del gobierno de Ollanta Humala integra el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que evaluará la situación del procurador anticorrupción Amado Enco, quien denunciara penalmente a Jorge Ramírez, del caso Lava Jato. Hablamos de Henry José Ávila Herrera, quien se desempeñó como viceministro de Justicia entre el 1 de agosto del 2012 y el 23 de mayo del 2013.

Según ley, el Consejo es el máximo órgano respecto a la actuación de los procuradores, y lo integran tres personas. Además de Ávila, están el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, y Yuri Alejandro Chessman Olaechea, quien antes de llegar al Minjus se dedicó más a la cátedra universitaria y a consultorías sobre gestión pública. Tanto Ávila como Chessman fueron designados por el titular del sector en sus actuales cargos el 16 de mayo del año pasado.

Quien también tendría un papel clave es Martín Jim Mijichich Loli, secretario técnico de la referida instancia, quien deberá emitir un informe sobre las potestades de un procura
dor para denuncias a otro procurador. Cabe indicar que Mijichich también ha trabajado en el régimen humalista, aunque en cargos de carrera dentro de la Defensa del Estado. Él fue designado por Julia Príncipe en el 2016, y ha continuado hasta ahora. La posición de Enco es que Ramírez no cumplió con sus funciones como defensor del Estado, cometiendo el delito de omisión de actos funcionales.

Además, lo acusa de negociación incompatible, por haber permitido que en el acuerdo de colaboración eficaz no se usen todos los apremios legales contra Odebrecht. Entre ellos, figura permitir que el Ministerio Público ignorara los indicios de lavado de activos y de organización criminal, por lo cual la exigencia de reparación civil fue solo por delitos con menores penas.

De este modo, se pasó de un cálculo de 1,100 millones de soles para que se pague al Estado, a solo S/ 610 millones en quince partes anuales. A esto se añade que Odebrecht podría cobrar 524 millones de soles de una sola vez, y luego declararse en bancarrota, lo cual no garantiza que cumpla despues con todo lo que debe al Perú.

COMPETENCIAS

• Según una tesis que maneja el CDJE, un procurador del Estado no podría acusar a otro, por pertenecer ambos al mismo organismo del Poder Ejecutivo.
• Sin embargo, en 2014 la entonces procuradora Yeni Vilcatoma denunció al ministro Daniel Figallo.

POR CÉSAR ROJAS

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