“Era necesario aprobar reglamento de APCI”, sostiene penalista Mario Amoretti
Desde el gobierno de Alejandro Toledo, habrían llegado a acuerdos con ONG como IDL para indemnizaciones direccionadas.
Viene de Al fin ponen en su sitio a las ONG mediante fiscalización y control de APCI
El abogado penalista Mario Amoretti señaló que la aprobación del reglamento de la Ley APCI es conveniente y necesaria, y reiteró que sigue esperando que la Primera Sala Constitucional responda y tramite el habeas data que interpuso en mayo para que se revelen los contratos que familiares de terroristas habrían firmado con ONG como el IDL, con el objetivo de denunciar, investigar y sancionar a policías y militares.
“Esto lo vienen pidiendo hace años. Aunque se ha demorado, es positivo porque, en realidad, el dinero que reciben las ONG no es fiscalizado. Además, la mayoría se dedica a defender a las familias de los terroristas y a manejar el sistema judicial. Yo creo que era conveniente y necesario saber qué hacen con el dinero que reciben del exterior, cuál es su destino y cómo lo administran. Todas las entidades son fiscalizadas, menos las ONG”, comentó.
Según Amoretti, estas organizaciones se han dedicado a perseguir a militares y policías, incluso “inventando historias” para lograr sanciones. Recordó que no solo participaron en las defensas de La Cantuta y Barrios Altos, sino también en casos como el de Chavín de Huántar.
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Explicó que, desde el gobierno de Alejandro Toledo, agentes del Estado habrían llegado a acuerdos con ONG como IDL y APRODEH para otorgar indemnizaciones a determinadas personas. Mencionó como ejemplos:
-Pedro Huilca: indemnización de entre 200 mil y 300 mil dólares, a pesar de que se demostró que fue asesinado por Sendero Luminoso y no por militares y Leonor La Rosa: compensación de 120 mil dólares, aunque –según Amoretti– se probó que nunca fue torturada ni violada por militares.
“El acuerdo consistía en que el Estado reconociera una reparación civil y se comprometiera a denunciar, investigar y sancionar a policías y militares, en algunos casos responsables, pero en su mayoría no. Esto lo vengo reclamando desde 2001, pero ningún fiscal ni congresista hizo eco”, añadió.
Habeas Data sin respuesta
Amoretti denunció que, pese a enviar en enero dos cartas notariales al ministro de Justicia solicitando información, nunca recibió respuesta. Por ello, interpuso un habeas data en mayo, pero, después de más de cinco meses, la Primera Sala Constitucional aún no admite ni tramita la demanda.
“Estas ONG tienen un poder tremendo en el sistema judicial. Solo quiero que se dé respuesta a mi demanda para exhibir los contratos que celebraron IDL con agentes peruanos. Ahí nos vamos a enterar de cosas gravísimas, según la información que tengo”, afirmó.
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