En contra de represalias a la prensa independiente

La Federación de Periodistas del Perú (FPP) realizó ayer un plantón frente a la sede de la Fiscalía de Lavado de Activos, en solidaridad con nuestra editora de Política, María Teresa García, y José Briceño, colaborador de esta casa editora, quienes han sido víctimas de las acciones, por demás extrañas, del Ministerio Público.

Ángel Sánchez, presidente de la Federación de Periodistas del Perú y quien encabezó esta protesta junto a dirigentes y agremiados de la FPP, señaló que se hizo este reclamo público para defender la libertad en nuestro país, que se ve amenazada por estas acciones, que a su parecer, buscan amedrentar o impedir la labor periodística.

“Este plantón lo hacemos no solo por lo sucedido en contra de los periodistas de EXPRESO, María Teresa García y José Briceño, sino porque es una señal de que se quiere intimidar a nuestro gremio para evitar las investigaciones que son incómodas para el gobierno de turno”, anotó.

Asimismo, informó que han presentado una queja en contra de los fiscales César Delgado Castro (titular) y José Espinoza Vin (adjunto) de la Segunda Fiscalía Sipraprovincial Corporativa de Lavado de Activos, por las acciones en contra de los periodistas mencionados.

“Hemos presentado una queja tanto en la Fiscalía de Lavado de Activos como en la Defensoría del Pueblo y a su vez estamos preparando una demanda penal en contra de los fiscales que son los autores de este atentado en contar de la libertad de prensa”, recalcó.

Por su parte, César Vignolo, representante de la Fundación de Ética Periodística, señaló que los casos de María Teresa García y José Briceño, demuestran a todas luces que “tratan de amedrentarnos y silenciarnos, propio de un gobierno dictatorial que vulnera derechos constitucionales y de la jurisprudencia internacional”.

Como se recuerda, 40 policías irrumpieron en la casa de la periodista María Teresa García, mientras que José Briceño fue citado para brindar declaración en un proceso penal, en el que no está comprendido.

SECRETO PROFESIONAL

El Ministerio Público se ha “olvidado” garrafalmente que en nuestro país aún existe el derecho al secreto profesional, el cual se encuentra amparado en el Artículo 2 de la Ley de leyes, en donde se señala que: “Toda persona tiene derecho:”, inciso 18 “A mantener reserva sobre sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole, así como a guardar el secreto profesional”, precisó César Vignolo.

Inclusive, el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia No.00134-2003-PHD/TC, ha establecido que el Artículo 2, inciso 4, de la Constitución Política reconoce el derecho a la libertad de información mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social. Esta libertad tiene una doble dimensión: por un lado, comunicar y, por otro, recibir información.

El Tribunal Constitucional (TC) contempla que este derecho protege a los titulares de la libertad de comunicar información, en especial a los periodistas de cualquier medio de comunicación social; por ello, no pueden ser obligados a revelar sus fuentes informativas.

Asimismo, el Tribunal Constitucional (TC) en su sentencia No. 7811-2005-PA/TC, ha establecido que el derecho a “guardar el secreto profesional” supone una obligación para el profesional de mantener en reserva o confidencialidad las confesiones, hechos, situaciones o cualquier noticia de la que haya tomado conocimiento, o que se le haya confiado de modo directo. Dicha obligación le impone que no divulgue ni participe a otros dichos “secretos” sin consentimiento de la persona a quien le conciernan.

El secreto profesional es, así, una garantía para el ejercicio de determinada profesión u oficio.