Dina Boluarte tiembla por sus carpetas fiscales: podrían reabrir denuncias constitucionales archivadas por Congreso
Fiscalía presentó dos pedidos de impedimento de salida del país: uno de 18 meses por caso 'Cirugías', y otro de 36 meses por caso 'Dinámicos del Centro'. Este último será evaluado el miércoles 15 por el Poder Judicial.
El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, pidió al Poder Judicial el impedimento de salida del país para la expresidenta Dina Boluarte, quien continuará siendo investigada tras la vacancia por incapacidad moral permanente aprobada por el Congreso de la República.
De otro lado, el titular del Ministerio Público indicó que las denuncias presentadas ante el Parlamento contra la expresidenta son competencia de ese poder del Estado.
“Las denuncias que están en el Congreso, obviamente, son competencia del Congreso y ellos tomarán la decisión que corresponda en su momento. Efectivamente, hay algunas denuncias que se han archivado, pero supongo que será conforme correspondía”, advirtió.
Luego, señaló sobre la posibilidad de reabrir las denuncias en los fueros legislativos e indicó que existe una figura denominada “cosa decidida constitucional” que impedía dicha posibilidad, salvo que la Fiscalía presente “nuevas pruebas contundentes”.
“En cuanto a la posibilidad de reabrir las denuncias, entendemos que existe la cosa decidida constitucional -no la cosa juzgada- acá en el Congreso, y que el mismo Congreso tiene sus mecanismos, pero entiendo que no hay una norma que autorice reabrirlos, salvo que la propia Fiscalía, con nuevas pruebas contundentes para variar o desvirtuar el criterio que se tuvo para archivar, pueda iniciar una nueva investigación y otra vez regrese al Congreso”, agregó.
“Esa es la única forma en que podría reabrirse, no en el propio Congreso, porque no existe una autorización constitucional ni legal para ello”, remarcó.
Ante esa situación, Gálvez ratificó que tendría que iniciarse otra investigación en la Fiscalía de la Nación, ya que no existe un mecanismo para que el Poder Legislativo reactive una denuncia archivada.
“Salvo que el Congreso quiera hacerlo por sus propios medios. Penalmente no existe constitucional ni legalmente una forma, hasta donde yo conozco. Obviamente yo no tengo la última palabra ni puedo ser absoluto. Si hay otra investigación desde la Fiscalía de la Nación con nueva prueba de un contenido incriminatorio que desvirtúe los criterios que se tuvieron para archivar, se puede iniciar una nueva investigación y nuevamente llegaría al Congreso, iniciándose en Fiscalía de la Nación”, indicó.
De otro lado, Gálvez Villegas aseguró que ya presentó el requerimiento de impedimento de salida del país para la vacada exmandataria.
“Antes de venir acá (al Parlamento), yo he firmado el requerimiento de impedimento de salida del país. Supongo que ya en este momento lo han presentado y ya debe estar en el Poder Judicial (PJ) para que este se pronuncie”, señaló el fiscal.
Luego, el propio titular del Ministerio Público indicó que ellos (PJ) se tomarán su tiempo, ya no está dentro de su control.
MÁS INFORMACIÓN: Fiscal de Ica denuncia a Delia Espinoza por acoso, abuso de poder y hostigamiento
Tomás Gálvez, quien acudió al Legislativo para sustentar el pedido presupuestal de su institución, dijo que no existe un plazo para que el Poder Judicial resuelva el pedido, aunque confió en que se tomará la decisión lo más pronto posible.
Posteriormente, el fiscal Tomás Gálvez habló sobre las denuncias que tiene la vacada presidenta Dina Boluarte.
Asimismo, el fiscal de la Nación interino aseguró que la Fiscalía no puede presentar prisión preventiva contra Dina Boluarte, ya que esto lo tiene que aprobar el Congreso.
Además, se ha informado que la Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar contra ella por no notificar su ausencia temporal durante sus cirugías.
Pedidos de la Fiscalía
La Fiscalía de la Nación solicitó 18 meses de impedimento de salida del país contra Dina Ercilia Boluarte Zegarra, investigada por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.
Ello debido a que la entonces presidenta de la República se habría interesado en designar a funcionarios en EsSalud y a concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas.
Asimismo, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos (Tercer Despacho) solicitó 36 meses de impedimento de salida del país para la ciudadana Dina Boluarte, investigada por el delito de lavado de activos, en agravio del Estado.
El caso está vinculado a la recolección de dinero destinado a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, activos provenientes de la organización criminal ‘Los dinámicos del centro’.
Dina refugiada en casa
Desde que dejó Palacio de Gobierno en la madrugada del viernes el paradero de la vacada presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra era totalmente desconocido.
Sin embargo, su abogado Juan Carlos Portugal aclaró que la exmandataria se encontraba tranquila en su domicilio de Surquillo.
A pesar que ella ya no está al mando del gobierno peruano, Boluarte no dejó de hacer noticia, ya que ayer el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, liderado por el juez Fernando Valdez, programó para el próximo miércoles 15 de octubre a las 9:00 a. m., la audiencia para evaluar el impedimento de salida del país por 36 meses, por la investigación por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, por la aparente recolección de dinero que habría venido de la organización criminal ‘Los Dinámicos del Centro’ y que fue destinado a pagar una reparación civil del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
Cerca de la 1:30 p. m., un trabajador del Poder Judicial llegó al domicilio de la exmandataria, en Surquillo, para entregarle la notificación para la audiencia a la que está citada para evaluar su prohibición de salida del país.
El personal del PJ tocó su puerta en reiteradas ocasiones, y no tuvo respuesta. Nadie recibió la notificación del Poder Judicial y esta fue pegada en la puerta principal de su casa.
Anoche, el abogado Juan Carlos Portugal, quien ejerce la defensa de Boluarte, señaló que su defendida no acudirá a dicha audiencia.
“La medida del impedimento de salida es una coerción de carácter personal que busca asegurar la permanencia de la persona en su residencia. No es una cuestión que nos preocupe, pues resulta absolutamente usual que el Ministerio Público mantenga una especulación de fuga”, afirmó.
Denuncias archivadas
Entre denuncias constitucionales contra Dina Boluarte que han sido archivadas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o la Comisión Permanente del Congreso figuran:
Denuncia 509: acusación por muerte y lesiones en protestas sociales entre diciembre 2022 y enero 2023; homicidio calificado, lesiones graves y leves; omisión de deber de protección.
Denuncias 268-269: Se le acusaba de presuntas infracciones constitucionales cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social: solicitud de licencia de funcionamiento para una asociación privada, doble función (vicepresidenta + ministra), interés en contratación en la Contraloría; delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales; negociación incompatible o aprovechamiento indebido.
Denuncia Caso Rolex (Rolexgate): Se la acusaba de presuntos delitos contra la administración pública relacionados con relojes de lujo donados / prestados, posibles conflictos de interés, etc.
Denuncia 223: Acusación de que Boluarte, cuando era ministra (y vicepresidenta), no habría declarado en su declaración jurada que su cuñado era contratista del Estado; supuestas infracciones a los artículos constitucionales relacionados (honestidad, probidad, conflicto de interés).
Cuatro denuncias constitucionales adicionales fueron archivadas en junio 2025: tres relacionadas con muertes en protestas de fines del 2022 e inicios del 2023; otra por presunta usurpación de funciones tras la destitución de Pedro Castillo.
Perdería pensión vitalicia
Los congresistas Alejandro Muñante, María Jáuregui, Miguel Vásquez y Cheryl Trigozo, de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que propone eliminar la pensión vitalicia a los expresidentes de la República que hayan sido vacados de su cargo, por lo que esta moción busca modificar la Ley 26519, que promulgaron en el segundo gobierno de Alberto Fujimori en 1995.
“No tienen derecho a la pensión vitalicia los expresidentes que hayan sido vacados por el Congreso de la República en atención a los supuestos previstos en el artículo 113 de la Constitución”, señala el artículo 2-A del proyecto de ley.
En ese sentido los perjudicados serían sin duda Pedro Castillo y Dina Boluarte, exmandatarios vacados por el pleno del Legislativo.
La moción se presentó luego que el Poder Judicial ordenara que se le pague una pensión vitalicia a Pedro Castillo, quien es investigado y juzgado con prisión preventiva por el presunto delito de rebelión.
Más sobre Dina Boluarte
Caso Sada Goray: Fiscalía investiga a Harvey Colchado por viaje a Punta Cana
Mira más contenidos en Facebook, X, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok y en nuestros canales de difusión de WhatsApp y de Telegram para recibir las noticias del momento.