Delia Espinoza en la mira: denuncian ante la JNJ a fiscal de la Nación por desacato y piden su reemplazo
Por imcumplir dos resoluciones de la JNJ que ordenaban la reposición de Patricia Benavides.
La bancada de Renovación Popular presentó este lunes una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por presunta desobediencia o resistencia a la autoridad. El motivo principal es su negativa a cumplir dos resoluciones del órgano constitucional que ordenaban la reposición inmediata de Patricia Benavides en el cargo.
La denuncia solicita dos medidas específicas: la suspensión inmediata de Espinoza en sus funciones como fiscal de la Nación y su eventual destitución por incumplimiento deliberado de lo dispuesto por la JNJ. El documento advierte que este acto de desobediencia compromete la imagen del Ministerio Público y afecta gravemente la institucionalidad del sistema de justicia peruano.
El caso se remonta a la Resolución N.º 231-2025-JNJ, emitida el 12 de junio, donde la JNJ declaró la nulidad del proceso disciplinario contra Benavides y ordenó su restitución como fiscal de la Nación. Esta resolución fue notificada a Espinoza el 16 de junio mediante el Oficio N.º 002920-2025-DPD/JNJ. Pese a ello, hasta la fecha no ha cumplido con la orden.
Según la denuncia, Espinoza no solo desobedeció las disposiciones de la JNJ, sino que encabezó una respuesta institucional en rechazo a la medida. Junto a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, emitió un pronunciamiento el 18 de junio ratificando su negativa a acatar la resolución, acción que para los denunciantes constituye una falta disciplinaria muy grave.
Entre los fundamentos de la denuncia se señala que todos los funcionarios públicos están obligados a cumplir las decisiones de los órganos competentes, y que negarse a ello configura una forma de desacato. Renovación Popular afirma que los argumentos esgrimidos por Espinoza, como supuestos errores de forma o falta de unanimidad, debieron ser resueltos ante el Poder Judicial, y no utilizados como justificación para el desacato.
La denuncia también menciona que Espinoza habría usado su cargo para abrir diligencias preliminares contra los miembros de la JNJ, pese a no tener competencia en estos casos, lo que comprometería su objetividad como autoridad del Ministerio Público. Asimismo, se le acusa de organizar vigilias dentro de la institución, instrumentalizando a funcionarios y personal administrativo en actos de carácter político.
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Desde el punto de vista jurídico, la denuncia se sustenta en la Ley Orgánica de la JNJ (Ley N.º 30916), la Ley de la Carrera Fiscal (Ley N.º 30483) y el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ. En conjunto, estas normas establecen la obligación de acatar resoluciones de la JNJ, la responsabilidad administrativa de los fiscales, y las sanciones aplicables por faltas graves que afectan la dignidad del cargo.
Entre las pruebas presentadas se incluye la resolución original de la JNJ, el oficio de notificación a Espinoza, declaraciones públicas de la fiscal negándose a restituir a Benavides, y el pronunciamiento institucional del 18 de junio firmado por los fiscales supremos. También se incorpora una resolución judicial del 24 de junio, que reconoce a Benavides como fiscal de la Nación en el marco de una suspensión preventiva.
Renovación Popular advierte que el desacato de Espinoza ha exacerbado la crisis de legitimidad del sistema judicial. “Permitir que un alto funcionario elija qué resoluciones acatar es una amenaza directa al principio de autoridad y al Estado de derecho”, señaló el vocero de la bancada. Añadieron que esperan una respuesta “rápida y firme” por parte de la JNJ.
El proceso ahora queda en manos de la Junta Nacional de Justicia, que deberá evaluar los hechos y pronunciarse sobre una posible suspensión o destitución de la actual fiscal de la Nación. De confirmarse el desacato, este caso podría marcar un precedente importante sobre los límites del poder funcional y la obligación de obedecer las decisiones de los órganos constitucionales en el Perú.
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