Defensoría plantea que JNJ tenga control de nombramientos de jueces y fiscales titulares y provisionales
Propuesta busca garantizar transparencia.
La Defensoría del Pueblo presentó ante el Congreso un proyecto de ley que plantea entregar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la competencia exclusiva para designar jueces y fiscales, tanto titulares como provisionales.
La iniciativa busca cerrar un vacío normativo que permitió, durante años, que diversas autoridades efectúen estos nombramientos sin criterios uniformes, sin concurso público y sin evaluación meritocrática.
“Es necesario corregir una deficiencia estructural del sistema de justicia. Actualmente, no existe un marco claro que garantice transparencia en la designación de magistrados provisionales”, señaló la institución a través de un comunicado oficial.
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La propuesta legislativa plantea desarrollar con precisión el artículo 150 y el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución.
Según la Defensoría, esta modificación permitiría dejar expresado de forma inequívoca, en la Ley Orgánica de la JNJ (Ley N° 30916), que dicha entidad es la única responsable de los procesos de nombramiento, incluso de manera provisional.
El órgano constitucional autónomo advirtió que la ausencia de un marco legal específico provocó preocupación en el ámbito judicial.
Actualmente, presidentes de Cortes Superiores de Justicia y representantes del Ministerio Público designan personal provisional sin estándares técnicos ni controles efectivos, lo que —según alertó— debilita la independencia judicial y propicia injerencias externas.
“Se requiere un cuadro de méritos obligatorio y vinculante para todos los niveles de la judicatura y fiscalía. Las designaciones deben sustentarse en méritos y capacidad técnica, no en decisiones discrecionales”, enfatizó la Defensoría.
El proyecto también se alinea con los principios constitucionales de mérito, legalidad, eficiencia y transparencia, pilares del acceso a la función pública.
La propuesta demanda que los procedimientos de selección garanticen una evaluación justa y técnica, tanto para magistrados titulares como para quienes accedan a cargos de manera provisional.
En su exhortación final, la Defensoría pidió al Congreso evaluar el documento “con la rigurosidad técnica y el sentido de urgencia que el tema amerita”.
Recalcó que la implementación de este cambio normativo resulta importante para recuperar la confianza ciudadana en el sistema judicial.
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