Defensoría del Pueblo presentará demanda constitucional contra ley que criminaliza adolescentes de 16 y 17 años
Organismo advierte que norma es inconstitucional e implicaría retroceso en políticas de protección y justicia juvenil.
La Defensoría del Pueblo anunció su decisión de interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 32330, norma que incorpora a adolescentes de 16 y 17 años como imputables en el sistema penal ordinario.
La institución sostuvo que la medida contraviene la Constitución Política del Perú vulnera tratados internacionales de derechos humanos y representa un retroceso en la protección de la niñez y adolescencia.
“La norma desconoce el principio del interés superior del niño y colisiona con la Convención sobre los Derechos del Niño, parte del bloque de constitucionalidad del país”, expresó el organismo mediante un comunicado.
La Defensoría recordó que ya había solicitado a la Presidencia de la República observar la autógrafa mediante el oficio Nº 0794/2025, fechado el 5 de mayo, advirtiendo su impacto negativo en los derechos de la población adolescente.
Además, la Defensoría del Pueblo cuestionó la falta de respaldo técnico de la norma y señaló que diversos actores del sistema de justicia, como el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como UNICEF Perú y el Colegio de Abogados de Lima, se manifestaron en contra del proyecto de ley.
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“El cerebro adolescente sigue en desarrollo y afecta funciones clave como el control de impulsos o la toma de decisiones. Ignorar la evidencia neurocientífica es legislar de espaldas a la realidad”, afirmó la entidad.
La Defensoría también advirtió que la ley sustituye un modelo especializado, socioeducativo y restaurativo por un enfoque punitivo que contradice los avances logrados con el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente.
Con base en el artículo 9° de su Ley Orgánica, el organismo defensor anunció que presentará la demanda ante el Tribunal Constitucional “en defensa del Estado constitucional de derecho y de los derechos fundamentales de los adolescentes”.
Asimismo, instó a fortalecer el sistema penal juvenil desde un enfoque terapéutico para asegurar la verdadera reinserción social y familiar de los adolescentes infractores.
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