Defensoría del Pueblo pide al INPE mantener a Martín Vizcarra en penal de Barbadillo
La institución alertó que cualquier cambio podría poner en riesgo la seguridad del exmandatario.
La Defensoría del Pueblo exhortó este jueves al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a reconsiderar la decisión de anular la clasificación penitenciaria inicial del expresidente Martín Vizcarra, que lo ubicó en el régimen ordinario del penal de Barbadillo.
El organismo advirtió que esta medida puede vulnerar garantías de seguridad e igualdad en el trato a quienes ejercieron la primera magistratura del Perú.
En su pronunciamiento oficial, la entidad recordó que el internamiento de expresidentes en el establecimiento penitenciario de Ate se sustentó en “razones objetivas y justificadas de seguridad”.
Defensoría pide trato uniforme en casos de expresidentes
Precisó además que la prisión preventiva dictada contra Vizcarra requiere mantener un criterio uniforme frente a casos similares.
“Es por ello que, en el presente caso, rechazamos cualquier medida que implique un trato desigual que pueda afectar su vida, integridad o seguridad personal”, señaló la Defensoría.
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El organismo invocó al INPE a aplicar sus disposiciones de manera objetiva y sin distinciones que comprometan los derechos fundamentales.
“La Defensoría del Pueblo reafirma que el respeto a la igualdad ante la ley es un pilar de nuestro orden constitucional”, subrayó.
El INPE fundamentó su decisión en lo establecido en el numeral 9.5 de la Directiva N.° 006-2023-INPE-DTP, aprobada mediante Resolución Presidencial N.° 198-2023-INPE/P.
Piden aplicar norma sin poner en riesgo investidura presidencial
Según esa norma, cuando la directiva no prevé un escenario específico, la decisión corresponde al Consejo Técnico Penitenciario de cada establecimiento o a la Subdirección de Tratamiento de las oficinas regionales, con obligación de informar a la Dirección de Tratamiento Penitenciario.
La Defensoría expresó que esta interpretación normativa no debería conllevar un retroceso en la protección de quienes, por su investidura, requieren condiciones penitenciarias diferenciadas por motivos de seguridad.
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