Corte Suprema desestima apelación de Delia Espinoza contra Patricia Benavides
Congreso archiva denuncia constitucional y desautoriza paso a medidas cautelares.
La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de apelación que presentó la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, con el que buscaba suspender temporalmente a Patricia Benavides del cargo de fiscal suprema y titular del Ministerio Público.
Mediante una resolución judicial, el tribunal declaró infundado el recurso y ratificó que no procede emitir ninguna medida personal contra una alta funcionaria sin la autorización previa del Congreso de la República.
El pronunciamiento confirmó la decisión de primera instancia del pasado 10 de abril, que calificó el pedido de Espinoza como “manifiestamente improcedente”, al carecer de sustento jurídico por la condición de aforada de Patricia Benavides.
La Sala Penal Permanente recordó que no es posible aplicar medidas de suspensión sin que el Parlamento autorice previamente el procesamiento penal de la funcionaria.
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“Sin la debida formalización de la investigación preparatoria, no es posible ordenar la detención o cualquier otra medida personal intensa o mayor de restricción de derechos”, subrayó el fallo, que también invocó el artículo 99 de la Constitución como sustento clave para desestimar la solicitud de Espinoza.
La Corte explicó que el Congreso archivó la Denuncia Constitucional N.º 602 presentada por Espinoza, en la cual se acusaba a Benavides de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal.
En consecuencia, al mantenerse el archivo de la denuncia y no haberse levantado la inmunidad parlamentaria, el Poder Judicial reafirmó que cualquier intento de imponer medidas cautelares se encuentra legalmente impedido.
El tribunal invocó el principio de economía procesal para concluir que el asunto quedó sin materia, ya que la aforada continúa ejerciendo su prerrogativa constitucional.
Así, el recurso de Espinoza quedó sin efecto, cerrando —por el momento— la vía judicial para suspender a Benavides mientras no exista autorización expresa del Congreso.
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