Contraloría revela red de contratos direccionados en el Gobierno Regional del Callao
Informe revela presuntos favores a personas cercanas al entorno del gobernador regional.
La Contraloría General de la República identificó presuntas contrataciones irregulares en el Gobierno Regional del Callao, al advertir un patrón de favorecimiento a personas vinculadas directamente al entorno del hijo del gobernador Ciro Castillo.
En un informe reciente, la entidad fiscalizadora recomendó iniciar acciones penales contra varios funcionarios por haber participado de manera “directa, consciente y voluntaria” en estos procesos.
Según el informe, los funcionarios regionales habrían facilitado la contratación reiterada de Bryan Bravo Fernández, amigo cercano de Antonio Castillo Rojo, hijo del gobernador. Bravo emitió 27 órdenes de servicio entre 2023 y 2024 por un total de S/ 212 mil, pese a que, como señala la Contraloría, no cumplía con los requisitos mínimos exigidos para el puesto.
El órgano de control analizó 11 de estos contratos y concluyó que no existieron convocatorias abiertas ni cuadros comparativos de precios, lo que vulneró los principios de transparencia y libre competencia. Además, la Contraloría advirtió que Bravo no acreditó experiencia específica en el área legal ni presentó el diplomado en gestión pública requerido.
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La supuesta pareja sentimental de Bravo, Eimy Carbajal Atencio, también figura entre las personas beneficiadas. En 2023, ella recibió nueve órdenes de servicio como enfermera por un total de S/ 40 mil. La Contraloría cuestionó estos pagos, al señalar que “no se ha acreditado la efectiva prestación de los servicios” por parte de ambos.
Frente a estas irregularidades, la entidad fiscalizadora solicitó a la Procuraduría Pública del Callao iniciar acciones legales contra cuatro funcionarios del GORE Callao que participaron activamente en la contratación de Bravo y Carbajal.
La investigación periodística difundida en octubre por Cuarto Poder ya había alertado sobre los vínculos entre Bravo Fernández y Antonio Castillo Rojo. Ahora, el órgano de control respalda con evidencia documental lo que entonces parecía solo una sospecha.
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