Caso UAP: ¿Quién protege a José Eduardo Castillo Carazas?
Fiscal Salazar Reque mantiene encriptada durante cuatro años información que revelaría contratos fraudulentos.
El fiscal Salazar Reque mantiene encriptada hasta el día de hoy información clave que incriminaría al exgerente, en el periodo julio 2018-diciembre 2019, José Eduardo Castillo Carazas, en perjuicio de la Universidad Alas Peruanas. ¿Por qué no se lo incorporó en la investigación seguida contra Joaquín Ramírez y otros por el presunto delito de fraude en la administración de personas jurídicas y lavado de activos?
La actual administración de la UAP envió toda la información debidamente documentada respecto a las contrataciones realizadas durante su gestión y la situación económica de la universidad, antes y después de su remoción del cargo de presidente ejecutivo y gerente general, pues luego de su gestión se evidenciaron pérdidas y deudas significativas que supusieron un sobreendeudamiento y perjuicio económico considerable para la universidad de 300 millones de soles, con la única intención de lograr su quiebra, y buscar un beneficio propio y para la familia Ramírez, que en ese momento contaban con acciones en la UAP (y que fueron completamente retiradas por la actual administración).
Esta fue la razón por la cual la defensa técnica de la UAP solicitó la incorporación de José Castillo Carazas por la presunta comisión del delito de lavado de activos por formar parte del “brazo dirigencial” de la UAP.
¿Cuál fue la motivación del fiscal para no investigar a Castillo Carazas por su participación en la gestión de la UAP cuando su vinculación con los hechos delictivos y con los actuales investigados es evidente?
Incautación sospechosa
Lo más sospechoso es que 20 días después de la salida del señor Castillo de la gerencia general de la universidad, el 15 de enero de 2020, el fiscal Salazar Reque allanó la UAP y se llevó todos los contratos suscritos por la gestión de la familia Ramírez y el señor Castillo, manteniendo hasta el día de hoy lacrada esta información que está en su poder, e impide que toda la evidencia de dichas contrataciones irregulares se conozca y se utilice en el proceso de investigación.
Otro hecho sospechoso a investigar es que, tras el allanamiento en que la fiscalía se llevó toda la evidencia en contra de José Castillo Carazas (el 15 de enero de 2020), un mes después (febrero de 2020), el fiscal Salazar Reque terminó de pagar un departamento valorizado en US$ 235,400 que había adquirido mediante un crédito hipotecario a 15 años (2014), y canceló en menos de 6 años.
¿Por qué el fiscal Salazar Reque hizo caso omiso a todos los indicios existentes en contra del señor Castillo Carazas?
Las contrataciones durante ese periodo son objeto de demandas en la vía civil y se encuentran en trámite.
Todas las denuncias interpuestas en la vía penal fueron sospechosamente archivadas, a pesar de la clara sobrevaloración y falta de utilidad de los contratos suscritos por él, lo que llevaría a pensar la existencia de una presunta red de corrupción que estaría blindando al señor Castillo Carazas para no enfrentar a la justicia por los actos cometidos, no solo en contra de la UAP, sino también de terceros.
Por último, resulta sospechoso también que el fiscal Salazar Reque iniciara investigación en contra de Castillo Carazas en una carpeta independiente (37-2023) recién el año 2023 y basado en denuncias ya archivadas interpuestas por la UAP, y no por sus estrechos lazos con la familia Ramírez y todas las otras investigaciones de lavado y desvío de fondos con las que cuenta, como la actual denuncia por el desvío de más de 200 millones de soles en la sociedad de inversión Blanco SAF, en la que fue gerente general y director.
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