Caso Marita Barreto: Expreso fue el primer medio en exponer cuestionamientos contra fiscal

El diario Expreso fue el primero en revelar las presuntas irregularidades contra la fiscal Marita Barreto, y con el paso del tiempo, los casos de periodistas denunciados hacia la ahora suspendida jefa del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) aumentaron significativamente.

El colaborador de Expreso, el periodista José Briceño Abanto, se convirtió en un perseguido por la fiscal Marita Barreto y el sistema de justicia que ella representa.

Según Briceño, la fiscal lo acusó tras investigar dos asuntos específicos: la compra de una casa en el exclusivo balneario de Asia, cuya procedencia de fondos nunca fue aclarada, y una resolución de EsSalud que le negaba el pago de días de enfermedad, ya que se descubrió que, durante ese tiempo, trabajaba para una universidad privada en Huancayo.

En tanto, Rafael Romero, columnista de Expreso, fue vinculado injustamente a una organización criminal tras exponer investigaciones sobre Barreto. Según Romero, la fiscal lo incriminó después de la desaparición de cuadernos que registraban visitas a despachos clave del Ministerio Público, cuyas pérdidas fueron cuestionadas por él y otros reporteros.

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Este patrón fue denunciado años después por varios comunicadores, entre ellos Carlos Paredes, quien asegura estar siendo perseguido por Barreto debido a su labor de investigación.

Paredes, en sus declaraciones, enfatizó que la fiscal utiliza su posición para ajustar cuentas personales con quienes no se alinean a sus intereses, y destacó que “esta señora usa su poder de fiscal para ventilar sus cuotas personales y vengarse de los periodistas que no se alinean con ella, criminalizando el periodismo de investigación”.

El periodista del programa Contracorriente afirmó que no cederá ante lo que considera un pacto infame entre fiscales.

Los hombres de prensa coinciden en que Barreto emplea tácticas abusivas para desviar la atención de las denuncias en su contra, señalando que aquellos que investigan sus acciones terminan siendo víctimas de represalias judiciales.

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