Callan sobre Martín Vizcarra y se reciclan en Estado con ministro Raúl Pérez-Reyes y congresista Ruth Luque
Exfuncionarias palaciegas Miriam Morales, Pamela Gonzales y Lisbeth Santos sabían vínculos con ‘Richard Swing’.
No acusar a Martín Vizcarra les ha servido de mucho a tres exfuncionarias de Palacio de Gobierno que ahora ocupan altos puestos en el Estado. Mientras tanto, a quienes entregan pruebas de corrupción, se les ha dificultado ocupar cargo público desde el 2020.
Según el programa Día D, de ATV, las favorecidas son Miriam Morales (exsecretaria de Martín Vizcarra), y las exasesoras Pamela Gonzales Samamé y Lisbeth Santos Arias. Ellas fueron testigos de hechos relacionados al caso Richard Swing, pero han callado o negado alguna irregularidad.
Despacho de Alcarraz
Por “coincidencia”, las tres volvieron a cobrar de nuestros impuestos. Morales es asesora principal de la congresista Kira Alcarraz (quien defendía al hoy procesado por corrupción en obras de Moquegua), y cobra cerca de 15 mil soles al mes como remuneración.
Otra funcionaria congresal es Lisbet Santos Arias. Ella recaló en el despacho de Ruth Luque, representante de Juntos por el Perú que trabajara en la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL).
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Por su parte, Gonzales Samamé es funcionaria en la Oficina de Diálogo y Gestión Social del Ministerio de Transportes. Allí la ha reciclado el titular del sector, Raúl Pérez-Reyes, quien fuera ministro de Producción durante el gobierno de Martín Vizcarra.
Diferente ha sido la suerte de Karem Roca y de Patricia Mariños. La primera se ha dedicado a labores en el sector privado, y la segunda fue apartada de un cargo en el MTC, donde ha laborado más de 17 años, mucho antes de que el Lagarto la convocara.
Ambas han proporcionado información al Ministerio Público respecto a favoritismos a Richard “Swing” Cisneros y otros personajes, a costa del tesoro público, entre el 2017 y 2020.
Testigo sin rostro
A pesar de que el Poder Judicial ha establecido que los testigos en audiencias virtuales deben declarar con la cámara encendida, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado permitió que Sonia Gamarra (testigo a favor de Martín Vizcarra), intervenga varios minutos sin que se le vea el rostro.
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