Ántero Flores-Aráoz, exembajador de Perú ante la OEA: “Hay que poner en su sitio a la Corte IDH”
Las figuras jurídicas de las amnistías e indultos son perfectamente constitucionales porque no se puede tener a los uniformados en procesos interminables que duran hasta 40 años.
Ha hecho bien el Ministerio de Justicia peruano en rechazar la injerencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al requerir al Perú que suspenda “inmediatamente” el proceso de promulgación de la Ley de Amnistía a policías, militares, miembros de comités de autodefensa procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad en la guerra antiterrorista entre 1980 y 2000.
Es la opinión del Dr. Ántero Flores Aráoz, ex primer ministro y exembajador del Perú en la OEA. “Es doblemente injerencista la posición de la Corte IDH al ordenar que en caso no se suspenda dicha autógrafa de Ley 7549/2023-CR aprobada por el Congreso de la República ‘las autoridades competentes se abstengan de aplicar esta ley’, de decir, dicha Corte solivianta a la Fiscalía y al Poder Judicial a incumplir leyes que aprueba el Legislativo y promulga el Ejecutivo”, señaló.
El jurista agregó que es indispensable que nuestro país ponga en su sitio a la Corte IDH al igual que a la Comisión Interamericana, pues de no hacerlo seguirán con su política de “meterse en todo”, con su sesgo antimilitar y antipolicial que tanto daño hace al país.
Sobre la base de los casos Barrios Altos y La Cantuta no se puede generalizar y señalar que las instituciones jurídicas de la amnistía y los indultos no son ilegales, sino que son absolutamente legítimas y constitucionales, producen los efectos de la cosa juzgada, es decir, terminan con los procesos que no pueden continuarse ni ser reabiertos de por 30 o 40 años, violando otros principios como los plazos razonables en la administración de justicia.
El fundamento de este debate sobre la lesa humanidad tiene que ver con la firma del Estatuto de Roma, un tratado que creó la Corte Penal Internacional (CPI) en julio de 1998 y que entró en vigor para el Perú a partir del 1 de julio de 2002, con la atingencia que el Perú firmó ese tratado haciendo la reserva, sobre todo en Naciones Unidas, de que solamente se aplicaría el tema de la lesa humanidad desde la citada fecha en adelante, no retroactivamente.
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Por eso es que la respuesta del gobierno peruano a las órdenes de la Corte IDH fue contundente tanto por excederse en sus competencias y contravenir el mismo derecho internacional.
“Las reiteradas disposiciones de la Corte contravienen el derecho internacional, pues no se desprenden de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual recae el mandato que le otorgaron los estados a dicho tribunal”, señala la parte peruana.
Es más, como lo ha recogido un sector de la prensa, para el Gobierno la Corte no tiene la facultad de sustituir a las autoridades nacionales ni de imponer acciones sobre materias que aún no han sido resueltas en sede nacional. “Afecta no solo la soberanía del Perú, sino también debilita el propio Sistema Interamericano”, subraya el ministerio.
Esto significa que la ley aún debe pasar por las instancias que la Constitución ordena y si hay oposición, entran a tallar los mecanismos de control del Tribunal Constitucional, por lo que no se puede ejecutar medidas de suspensión basadas en decisiones de un órgano externo antes de que el marco interno concluya, reiteran.
Audiencia próxima
El Estado peruano no se ha opuesto a una audiencia pública convocada por la Corte IDH para el 21 de agosto de 2025, “en la que participarán representantes del Estado peruano, de las víctimas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de evaluar la posible adopción de medidas provisionales”, señaló la prensa especializada.
Proyecto multipartidario
El Proyecto de Ley 7549/2023-CR, impulsado por el congresista Jorge Montoya, actual representante de Renovación Popular, fue aprobado en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso el pasado 9 de julio de 2025, con el apoyo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular y Honor y Democracia.
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