Andrés Hurtado seguirá tras las rejas: PJ confirma prisión preventiva por escándalo en Migraciones y tráfico de influencias
Defensa alegó arraigo y falta de pruebas, pero los jueces no variaron la medida.
La Sexta Sala Penal de Apelaciones de Lima confirmó la vigencia del mandato de prisión preventiva de nueve meses contra el exconductor de televisión Andrés Hurtado, investigado por presunto tráfico de influencias en agravio del Estado.
La medida fue ratificada tras declarar infundado el recurso de apelación que su defensa presentó para revertir la resolución emitida en primera instancia por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción.
El tribunal superior evaluó los argumentos de la defensa legal, que sostuvo la supuesta existencia de deficiencias en el requerimiento fiscal y la ausencia de elementos de convicción que justifiquen la prisión preventiva.
Defensa argumentó arraigo familiar y laboral
Además, los abogados de Andrés Hurtado alegaron que su defendido posee arraigo domiciliario y familiar, incluyendo a una hija menor a su cargo, y que mantiene un contrato de trabajo vigente.
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Pese a ello, los magistrados concluyeron que los fundamentos expuestos no lograron desvirtuar los presupuestos que justificaron originalmente la medida coercitiva.
“No se han incorporado elementos nuevos, relevantes ni determinantes que modifiquen el escenario fáctico o jurídico que motivó esta medida”, señala la resolución, emitida el 15 de julio y a la que accedió Radioprogramas.
Jueces resaltaron gravedad del delito imputado
Asimismo, la sala destacó la gravedad del cargo imputado —tráfico de influencias—, la complejidad de la investigación y el riesgo concreto de fuga o entorpecimiento de la justicia.
“La necesidad de la medida se justifica en la falta de eficacia de otras medidas menos gravosas”, puntualizaron los jueces.
Checkley dictó medida por caso de barras de oro
El mandato de prisión preventiva vencerá el próximo 18 de septiembre de 2025. No obstante, Hurtado también enfrenta otra orden de prisión preventiva por 18 meses, dictada por el juez supremo Juan Carlos Checkley en octubre de 2024, en el marco de una investigación vinculada al presunto pago de sobornos para favorecer al empresario Javier Miu Leí en la recuperación de barras de oro incautadas.
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