Ejecutivo propone de 10 a 15 años para quien obstaculice vías de comunicación e impida libre tránsito y de 25 a 30 años para quien extorsione a choferes.
A medida que se acerca la inauguración del proyecto, crecen las preocupaciones del país sudamericano por la posible pérdida de hegemonía en el Pacífico Sur y el impacto en sus exportadores.