Richard Concepción Carhuancho borra pruebas de su falta: chat hunde a juez que adelantó opinión

Al estilo de los grandes corruptos de la historia, el juez de primera instancia Richard Concepción Carhuancho estaría intentando borrar las pruebas de sus irregularidades. Esto se evidencia en capturas de chats de Whatsapp, con personal del Instituto Udeapolis.

En noviembre pasado, el funcionario debía decidir si Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros investigados en el caso “Waykis en la sombra” debían ir a prisión preventiva. Meses antes, los había mandado a todos a detención preliminar, pero su orden fue anulada por la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional.

Fueron interminables audiencias de casi tres meses, durante las cuales escuchaba los argumentos de ambas partes, supuestamente para dar una resolución justa.

Estas habían empezado el nueve de agosto del año pasado, y duraron hasta noviembre, periodo que luego fue considerado excesivo.

La realidad era que “Carhuancho” estaba dedicando gran parte de su tiempo a dictar cursos a alumnos, incluso viajando al interior del país, con las horas y hasta días que eso conlleva.

Esta sucedió seis días despúés de iniciada la evaluación del pedido de prisión preventiva. Es decir, el juez se tomó más de dos meses para resolver una situación que ya tenía decidida casi desde el principio de esta etapa.

Fue en ese ínterin que se reveló que, durante una clase de dos horas en el Instituto Udeapolis, presentó a los investigados como si fueran parte de una banda criminal. Esto era un evidente adelanto de opinión.

“Esta clase quedó registrada en un video que fue colgado en la plataforma del instituto, pero una edición mal hecha evidenciaría la intención del juez en ocultar una parte específica de su ponencia; un grosero adelanto de opinión que después pretendió ocultar”, informó Contracorriente, programa de Willax.

Además, mostró capturas de pantalla de conversaciones por WhatsApp entre un coordinador de los cursos y el magistrado. Sus palabras evidencian que hubo molestia por la revelación, pero más sus acciones para ocultar todo lo realizado.

“Mis disculpas por las molestias causadas con las diapositivas. Solo para decirle que podría editar el video. Al inicio y al min 49 donde sale la lámina. De antemano muchas gracias”, escribe el funcionario entre las 12:43 de la madrugada y las 7:45 de la mañana, informó el programa.

A las 10:19 a. m. le responden: “Buenos días maestro. Sí, ya lo están haciendo. Del Facebook ya se borró la grabación”.

Inmediatamente, Concepción Carhuancho le sugiere cómo aparentar que no se está deshaciendo de las pruebas. “Maestro lo k puede hacer es editarlo. Y borrar esas partes”, escribe, según Contracorriente.

“El video en nuestra plataforma recién se sube a las 3 pm. Es decir nadie aún ve la grabación. Por lo que están editando esa parte”, le contesta el de Udeapolis.

Diez minutos después, el coordinador le dice que ya lo están editando, y le manda una captura de pantalla de un video que solo dura ocho segundos. Ante ello, el juez le da otro agradecimiento.

“Bajo el título ‘la corrupción en el sistema de administración de Justicia’ incluyó fotografías de sus propios investigados como Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda, Víctor Torres e incluso a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides”, precisa el informe televisivo.

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Luis Vivanco, abogado del hermano de la presidenta Dina Boluarte, recordó que el adelanto de opinión ya había sido denunciado en noviembre, pero que el hecho de borrar el video evidencia una mala voluntad del juez.

“Este solo hecho para nosotros significaba ya un adelantamiento de opinión y, en consecuencia, un hecho que le pedía al magistrado seguir continuando o seguir conociendo el tracto de la audiencia”, manifestó.

Agregó que la referida clase ocurrió el quince de agosto, y que cuando se enteraron presentaron un recurso de recusación. Concepción Carhuancho se negó y recién dictó la orden de prisión preventiva para todos los investigados.

“Es decir, ya los consideraba responsables cuando en sus manos aún estaba la decisión de enviarlos o no a prisión preventiva”, le cuestionan al titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Cuando la reportera de investigación Maricielo Del Castillo pregunta en la calle al cuestionado funcionario, este le contesta “Yo ya respondí de eso y su oportunidad”.

Lo cierto es que esto no solo llevó a una recusación fallida, sino también a sendas denuncias ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, y ante el Comité de Ética del Colegio de Abogados de Lima.

Contracorriente también revela que, dentro de las investigaciones, el secretario académico de Udeapolis ya delató a Concepción Carhuancho.

“Ha dicho que usted mandó a editar esa diapositiva, que usted mismo es el encargado de haber hecho esta diapositiva y poner las fotos”, le señalan, ante lo cual decide no hablar.

“Argumentó que la diapositiva que él mismo hizo no calificaría como un motivo grave que haya afectado su imparcialidad. Lo cierto es que consciente de su falta grave mandó a borrar la evidencia”, agrega el informe.

Para Vivanco, las acciones del funcionario demuestran que detrás no hay un objetivo de impartir justicia, sino de realizar acciones contrarias a las leyes y reglamentos.

“Cualquier juez, desde una perspectiva de corrección judicial, se inhibe por decoro, pero en este caso, no. El magistrado se queda y se aferra en el caso. De repente, recuerde usted, que es un magistrado que tiene ya muchos años en el subsistema. O es que de repente en el camino no el magistrado ya ha desarrollado criterios propios que van más allá de la ley”, enfatizó.

“Patrón de conducta”

Incidió en que, si bien esta no es la primera vez en que Concepción Carhuancho actúa arbitrariamente en los casos penales de su responsabilidad, sí se ha demostrado que había adelantado opinión.

“Pareciera ser que eso ya no es pues, un error. Pareciera es que es un patrón de conducta”, agregó el letrado.

El caso “Waykis en la sombra” surge a raíz de indicios de que Nicanor Boluarte habría usado su parentesco con la presidenta de la República para influir en acciones del Poder Ejecutivo.

Además de supuestas recomendaciones de contratos en el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y en Provías Descentralizado (a cambio de cupos), se le imputó haber hecho designar prefectos y subprefectos para intereses particulares.

Esto fue tipificado por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) como cargos de organización criminal y tráfico de influencias en las citadas reparticiones públicas.

“Waykis en la sombra”

“Esta sucesión de supuestos ilícitos se dio, según esta versión, desde el 7 de diciembre de 2022 hasta la actualidad, ya que se dedicaban básicamente a nombrar funcionarios públicos, en especial prefectos y subprefectos. Para eso, señala, utilizó la familiaridad con la jefa de Estado, planificando la creación de la presunta organización criminal, dándole forma con todos los integrantes de la banda y la coordinación con personas clave para el control del aparato estatal y la obtención de ganancias ilícitas”, decía el Ministerio Público.

En marzo del año pasado, una acción de Eficcop, con autorización de Concepción Carhuancho, llevó a la detención preliminar de todos los implicados. Cada uno presentó su apelación, y cada uno la ganó, a tal punto que la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional apuntó que la decisión del juez había sido arbitraria.

Cuando el caso volvió al mismo funcionario, pero para que evalúe la solicitud de 36 meses de prisión preventiva, sucedieron los hechos que podrían llevarlo no solo a perder su trabajo, sino a la cárcel.

El cuestionado personaje volvió a ser noticia en diciembre, cuando se negó a aplicar las leyes vigentes sobre organización criminal. Al igual que Jorge Chávez Tamariz, titular del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria, usó como excusas opiniones políticas, e interpretaciones subjetivas de convenios internacionales.

Esta polémica llegó a las salas penales de la Corte Suprema. Jueces como César San Martín les llamaron la atención indirectamente, señalando que la posición personal no puede estar por encima de la aplicación de las normas.

“No resulta tolerable la invocación al decisionismo o al activismo judicial, soportado en las razones subjetivas particulares que pueda exhibir un juez, aun cuando pretenda hacer eco del justificado reclamo popular”, se indicó.

Se había cuestionado las modificaciones que el Congreso de la República había hecho al Código Penal. Sin embargo, el proceso regular para no aplicarlas era acudir al Tribunal Constitucional.

“Corresponde aplicar a los casos en trámite, pues a pesar de las pésimas consecuencias sociales que engendra, por no considerar la grave situación de inseguridad ciudadana que la patria soporta, es mal, que nos pese, una norma vigente, y ha sido emitida dentro de la facultad constitucional”, se enmendó la plana a quienes aplicaban el estilo de Concepción Carhuancho.

Como si fuera poco, el nueve de enero Néstor Sánchez Carcasi, pidió su destitución a la Autoridad Nacional de Control, por haberlo mantenido “en custodia” en la Diviac mientras decidía si le correspondían los 36 meses de prisión preventiva solicitados por el Ministerio Público.

Precedente lo condena

“Sánchez estaba imputado por organización criminal como integrante de una banda que estafaba con tarjetas de crédito. Tras haber cumplido 15 días de detención preliminar el juez debía resolver, en un máximo de 48 horas, de acuerdo a ley, si quedaría en prisión cautelar”, informó el periodista Ricardo Uceda.

Uceda considera que la expectativa de Sánchez como denunciante está favorecida por el hecho de que la OCMA ya consideró inconstitucional y arbitrario, sin base legal, el concepto “en custodia”, que emplean ciertos jueces para mantener detenidos a sus imputados, mientras despliegan audiencias que previsiblemente aumentarán la frecuencia de las prisiones preventivas.

Hizo copia y pega

En el 2018 se descubrió que el polémico juez hizo “copia y pega” de un pedido del fiscal José Pérez.

Ante ello, indicó que apeló a la “motivación por remisión”, figura con la cual un magistrado hace suyos los argumentos del Ministerio Público

Ávalos lo salvó

En el 2019, la fiscal anticorrupción Escarleth Laura investigó en forma preliminar a Concepción Carhuancho y a José Pérez por abuso de autoridad, por un allanamiento en la Fiscalía de la Nación, para lo cual ninguno tenía atribuciones legales.

Cuando pidió a la suprema Zoraida Ávalos autorización para pasar a etapa preparatoria, esta simplemente lo rechazó.

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