Persecución contra la PNP, más allá del caso Elvis Miranda: todo sobre la denuncia pública del exministro del Interior, Remigio Hernani

“Los fiscales que liberan delincuentes todos los días, quieren encarcelar a miembros de la PNP que abaten delincuentes. No es casual. Es la enorme influencia caviar en la fiscalía. El pueblo peruano aterrorizado por la violencia delincuencial, es el perjudicado por la política caviar. ¡Tenemos que detener esto!”.

Es la afirmación sólida del congresista y exministro del Interior, Fernando Rospigliosi (FP), que se hace eco cada vez con más fuerza entre una ciudadanía que ve, absorta, el desborde del crimen organizado y la incapacidad de las autoridades para detenerlo.

El caso del policía Elvis Miranda, para quien un fiscal de Piura ha solicitado tres años de cárcel por abatir a un delincuente en flagrancia, con el añadido que debe pagar a la familia del criminal 50 mil soles de 'reparación civil', es la gota que rebasado la repulsa popular para este sinsentido en que los delincuentes tienen más derechos humanos que los policías.

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Por eso es que, en las calles, se escucha, a peruanos de a pie, reclamar al Gobierno que siga el ejemplo de Ecuador, donde el presidente Daniel Novoa ha ordenado exculpar de todo a los policías y militares que abaten a delincuentes en flagrancia.

Así las cosas, es obvio que en la actualidad existe una persecución por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial (PJ), según señalan especialistas, contra el trabajo que desempeñan los miembros de la Policía Nacional (PNP), quienes son sometidos a procesos penales tan solo por cumplir su deber.
Tal es el caso del citado suboficial (PNP), Elvis Miranda Rojas, quien iría a la cárcel luego que la Fiscalía solicitó tres años de prisión efectiva por abatir a un delincuente en Piura.

Como esta situación existen otros casos a nivel nacional, donde los agentes del orden son procesados sin previa investigación de parte del Ministerio Público, solo por utilizar sus armas tal como lo indica su propio reglamento.

Con respecto al policía Elvis Miranda, los hechos se remontan al año 2019, cuando el citado agente policial disparó a Juan Carlos Chocán, quien estaba robando una billetera a mano armada a dos ciudadanos.

Este acontecimiento desencadenó una serie de eventos que mantuvieron a Miranda en el centro de un largo y complejo proceso judicial. El sujeto que perdió la vida en este altercado es un desertor del Ejército que tiene antecedentes penales. La respuesta de sus parientes fue violenta, porque atacaron la comisaría de Tacalá con piedras y palos.

La fiscal Lilia Castillo Chirinos, ante la gravedad del incidente, solicitó prisión preventiva para Miranda. El 16 de enero de 2019, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla dictó siete meses de prisión preventiva contra él. Esta decisión fue respaldada por el entonces ministro del Interior, Carlos Morán Soto.

Miranda estuvo cinco años con la angustia por el proceso legal, que concluyó con el pedido de cárcel en contra de su persona por parte del Ministerio Público. Además, tendría que hacer un pago de 50 mil soles en favor del Estado y la familia del citado delincuente.

En diálogo con EXPRESO, el congresista Fernando Rospigliosi (FP) insistió que el Ministerio Público persigue de manera ideológica a la Policía.

“No hay indiferencia, hay un intento persecutorio, hay una ideología izquierdista, caviar que ha sido inoculada sistemáticamente tanto en jueces como en fiscales que tratan a los policías como delincuentes. Eso es peligrosísimo en una situación como la actual donde hay una violenta ola delincuencial, y que los magistrados en lugar de proteger a los policías hacen las cosas al revés, esto es una corriente mundial de las ideas izquierdistas y caviares que persiguen a la PNP y a los militares”, indicó.

“Los fiscales se ensañan con los policías y tratan de llevarlos a la cárcel por cumplir con su deber”, señaló Rospigliosi contó que el enemigo de un policía también es otro miembro de su propia institución, esto porque existe una confabulación con fiscales para dañar a otros agentes del orden.

Explicó que existe un caso de 60 efectivos policiales que están siendo procesados por cumplir con su obligación cívica de defender a los ciudadanos contra la criminalidad creciente.

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