Pacto colusorio de Odebrecht controló mercado de árbitros: Estado perdió S/ 538 millones en favor de constructora corrupta
Pero el gran problema es la impunidad de la firma brasileña que en 3 Interoceánicas subió el presupuesto en US$ 1,732’036,099. Los más de US$ 5 millones pagados en arbitraje son una bicoca.
Tuvieron que pasar ocho años de investigación para que el caso “Árbitros” aterrice en una acusación fiscal y el expediente sea remitido al juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, el mismo magistrado que decidió darle prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra.
Se trata del Requerimiento Mixto, con sobreseimientos y acusaciones, a abogados, árbitros y altos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), implicados en arbitrajes dolosos a favor de la constructora brasileña Odebrecht.
La mencionada acusación, de 1,516 páginas, fue presentada el 7 de agosto de 2025 por la fiscal Diana Liz Canchihuamán Castañeda, del Cuarto Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Equipo Especial Lava Jato.
El documento es una radiografía de 29 imputados, a quienes se les atribuye diferentes tipos de delitos que van de organización criminal, lavado de activos, colusión agravada, cohecho pasivo específico y cohecho activo específico.
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Asimismo, la Fiscalía ha dado cuenta de siete casos de sobreseimiento diferenciado respecto de lavado de activos y también del primer caso con sentencia, mientras se espera el inicio del juicio oral para los incriminados.
Las investigaciones han tomado como base cinco importantes proyectos viales: la Carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur) Tramos 2 y 3, la Interoceánica Norte Tramo 4, la carretera Empalme PE-5N Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa y la carretera Callejón de Huaylas-Chacas-San Luis.
La razón social que ganó la buena pro de estas dos obras fue la Concesionaria Interoceánica Sur (Conirsa), encabezada por Odebrecht, en consorcio con las conocidas firmas peruanas Graña y Montero (hoy Aenza S.A.A.), Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y JJC Contratistas Generales.
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