Municipios traban acceso de familias a vivienda digna y bloquean desarrollo de proyectos de interés social
Mientras peruanos de clase media pugnan por alcanzar el sueño de la casa propia, alcaldes boicotean proyectos inmobiliarios, afectando la oferta de viviendas.
En un país donde más de 1.8 millones de familias no tienen una vivienda digna, uno pensaría que todo el aparato del Estado estaría volcado en facilitar soluciones. Pero no. En el Perú, paradójicamente, las principales enemigas de la vivienda social no son la falta de recursos ni la apatía ciudadana: son las municipalidades.
Mientras las empresas inmobiliarias apuestan por construir viviendas de interés social (VIS) que hagan frente al déficit habitacional, muchas municipalidades —particularmente en distritos de clase alta como San Isidro, San Borja, Miraflores y Surco— han optado por bloquearlas.
En pleno 2025, tenemos gobiernos locales que actúan como clubes privados. Bajo argumentos absurdos como “proteger la armonía urbana” o “mantener la residencialidad”, estas municipalidades están vetando proyectos VIS ya aprobados, imponiendo trabas ilegales, y desobedeciendo fallos del Ministerio de Vivienda y del Tribunal Constitucional. ¿Quién les dio ese poder? Nadie. Pero lo ejercen igual, a costa del desarrollo, del empleo y, sobre todo, de las familias peruanas.
Esta situación, ha conllevado a que se paralicen más de 400 proyectos, se pierde más de mil millones de dólares en inversión, y 60 mil empleos están en riesgo. Además, millones de familias se quedan sin cumplir el sueño de la casa propia.
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