Fiscal de la Nación viola normas para impedir regreso de Tomás Gálvez: se niega a acatar orden del TC

Solo cuatro días después de decir que Tomás Gálvez sería “un refuerzo” para el Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, pidió al Poder Judicial que lo suspenda 36 meses. De lograr este objetivo, la funcionaria evitaría ejecutar la orden del Tribunal Constitucional, de reponer al abogado penalista.

Ante ello, el procesalista Wilber Medina indicó que la alta funcionaria estaría cometiendo diversos delitos e infracciones, al parecer por sectores políticos y empresariales corruptos que favorecieron a Odebrecht.

“Son 78 páginas de requerimiento fiscal que se presentaron en pocos días, con ideas tan absurdas que no creo que las haya redactado ella. No creo que sea tan ignorante para firmar un documento así. La Junta de Justicia, por medio de la Comisión de Procesos Disciplinarios, debe intervenir de inmediato su computadora para verificar si el archivo Word se creó allí”, explicó a EXPRESO.

Medina recordó que Espinoza tiene como asesora cercana a la pareja del abogado César Azabache, quien se presentó hace poco como representante de Rutas de Lima.

“No olvidemos que Tomás Gálvez, cuando era fiscal supremo, denunció penalmente a Rafael Vela y a José Domingo Pérez por favorecer a Odebrecht con el acuerdo de corrupción eficaz, y ahora vemos este hecho que es sospechoso, recordó.

En la empresa que administra peajes participa la constructora brasileña, y su socia Brookfield ha demandando al Estado peruano por 2,700 millones de dólares (más de 9,000 millones de soles) en arbitrajes internacionales.

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“La doctora Espinoza nunca aclaró ese tema, que no parece coincidencia. Todo eso me hace sospechar que Odebrecht seguiría manejando el Ministerio Público a su antojo, poniendo y sacando fiscales”, cuestionó el litigante.

Explicó que no tiene lógica que se pida suspender a una persona que aún no es repuesta, y que el recurso se presente contra un funcionario con derecho a antejuicio a quien el Congreso aún no acusa constitucionalmente.

Al letrado manzana de la discordia se le había denunciado por presunto tráfico de influencias y organización criminal. Esto, a raíz de audios extraídos del caso “Cuellos blancos del puerto”, en los cuales conversa de sus actividades públicas.

“El tema está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), y si se aprueba debe pasar a la Comisión Permanente y eventualmente al Pleno. Si no esperó el filtro del Congreso y pide restricciones, Espinoza está cometiendo usurpación de funciones de manera insólita, e incluso abuso de autoridad, por lo tanto infringe la Constitución”, precisó Medina.

¿Cuáles son los argumentos de la titular del Ministerio Público? Si bien en sus 78 páginas, su requerimiento no sustenta los motivos procedimentales, sí va al asunto de fondo.

“El posible retorno de Gálvez Villegas a su cargo como fiscal supremo permitiría la reactivación de sus vínculos previos con otros miembros de la organización investigada, muchos de los cuales continúan insertos en el aparato estatal o mantienen influencia política y administrativa”, es su explicación.

En ese sentido, comunicó al juez supremo Juan Carlos Chekcley que la reincorporación supondría el “acceso a información sensible, canales de presión funcional, y capacidad de influencia directa en decisiones clave del Ministerio Público, lo cual podría facilitar nuevamente actos de favorecimiento ilícito, interferencia en nombramientos y protección de intereses particulares”.

Otro hecho sorprendente es que el uno de mayo de este año, la ahora solicitante de suspensión había hablado positivamente de Gálvez en el programa “Del hecho al dicho”, conducido por Jaime Chincha que se publica en el portal web del diario La República.

“Si el doctor se incorpora, va ser una fortaleza adicional para poder seguir trabajando como lo venimos haciendo en equipo y armoniosamente para seguir las políticas institucionales y afianzado a nuestros fiscales”, decía en forma aparentemente sincera.

“Para el Ministerio Público sería una fortaleza, porque si hay algo que necesitamos es más fiscales supremos titulares para conformar la Junta (...) recibiremos al doctor. Es un colega”, aseguraba una entonces amistosa fiscal de la Nación.

Cuatro días después, el cinco de mayo firmó el pedido se suspensión por el plazo de 36 meses. Este escrito se presentó a Checkley el siete de este mes, a las 3:37 de la tarde.

¿Pasó algo en esos días que hizo cambiar de parecer a la poderosa funcionaria, o ya hacía un ejercicio de tácticas maquiavélicas cuando saludaba la orden del TC para reponer a Gálvez?

Un factor que comprometería delictivamente a Espinoza, es que ella sabía plenamente que el caso por el cual pide la suspensión se encontraba en la SAC pendiente de resolver. El 29 de abril, solo seis días antes de que ella firmara su cuestionado escrito, el grupo de trabajo congresal realizó la audiencia respectiva.

Incluso un fiscal adjunto de confianza de la titular del Ministerio Público participó de esta en su nombre. Este conocimiento se comprueba porque la sesión se reseña en la página cinco y el punto 17 del documento entregado al magistrado Checkley.

“Se sometió a las preguntas formuladas por el congresista delegado Luis Ángel Aragón Carreño. Además, se tomó las declaraciones testimoniales de Susana Ivonne Guerrero López, Bruno Novoa Campos y Enrique Chávez Duran”, se lee claramente.

En caso de que la SAC decida archivar la denuncia contra Gálvez, como ya pasó anteriormente en otro caso, quedaría corroborada la arbitrariedad y el proceder inconstitucional de una funcionaria que supuestamente defiende la legalidad.

Ceder a presiones de terceros no solo la llevaría a un comportamiento delictivo con su eventual destitución, sino incluso a la cárcel.

En declaraciones a Contracorriente de Willax, el abogado que aún no regresa al puesto del cual fue sacado ilegalmente por la anterior Junta Nacional de Justicia, no se calló nada ante estos actos con tufo de crimen.

“Está demostrado que Delia Espinoza, no sé todavía porque por lo menos no lo ha evidenciado (Juan Carlos) Villena, es de ese grupo, es prácticamente asalariada de Gorriti y compañía”, cuestionó enérgicamente.

“Es un caso que no está bajo su competencia porque está en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y ella, ignorantemente, se aboca a conocer ese caso y a pedir un requerimiento de suspensión de derechos con un caso que todavía no ha sido ni autorizado ni resuelto. ¡Una ignorancia total”, agregó.

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El Código Procesal Penal, entre otras normas, es claro en que una limitación de derechos (prisión preventiva, impedimento de salida, prisión domiciliaria o suspensión, como se ha pedido en este caso) solo procede cuando el caso pasó de la etapa de investigación preliminar a la preparatoria.

“No tiene ni siquiera un razonamiento mínimo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo va a pedir que suspendan en el ejercicio del cargo a una persona que no esté en el cargo? Esos señores que prácticamente son una mafia tiemblan que yo vaya a la fiscalía porque les puedo descubrir la basura que deben tener debajo de la alfombra”, anunció Gálvez.

Resaltó que, en el 2018, cuando empiezan las acusaciones mediáticas en su contra, él había denunciado a un gerente de confianza de Pablo Sánchez, entonces fiscal de la Nación. A pesar de las pruebas, el funcionario siguió en su puesto, y más bien se apartó a uno sin indicios de irregularidades.
“No se ha investigado ningún acto de corrupción en el Ministerio Público y especialmente en la Fiscalía de la Nación. Hay cualquier cantidad de actos de corrupción que se tiene que investigar”, continuó el indignado abogado.

Consultado sobre si esto le haría definirse para regresar como fiscal supremo, y postergar sus aspiraciones políticas para el 2016, fue más enfático aún.
“Me da más ganas, pero para botar a esa mafia que se ha enquistado en ese lugar, para eso, no para trabajar con esa gente que ya para mí está claro que es una mafia”, advirtió Gálvez.

Pide imposible

Además de los argumentos jurídicos, la realidad también desmiente los argumentos de Espinoza. No puede suspender a alguien que no tiene cargo. Actualmente, Gálvez no es funcionario porque la Junta Nacional de Justicia aún no ha rehabilitado el título de fiscal supremo titular.

Tampoco ha sido juramentado, ni se le ha asignado plaza alguna en alguna fiscalía suprema como titular. En la actualidad, el abogado a quien se pretende impedir ejercer sus derecho es un simple ciudadano de a pie que ha ganado una sentencia del TC que todavía no se ha ejecutado.

Asimismo, pasa por alto el precedente del juez supremo Aldo Figueroa, quien fuera destituido con el mismo inconstitucional “proceso disciplinario inmediato”. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, tuvo que esperar que la JNJ rehabilite su título para que retome a un cargo en la Corte Suprema de Justicia.