Delia Espinoza con un pie fuera de Fiscalía: JNJ abre proceso contra fiscal de la Nación por presunto abuso de poder
No solo se negó a cumplir normas, sino que utilizó a personal del Ministerio Público para su interés particular, señala denuncia.
Su atrincheramiento, vigilia, convocatoria de personal como portátil, y haberse negado hasta a dialogar con Patricia Benavides, le costarían su carrera a Delia Espinoza. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) le abrió una investigación preliminar que conduciría a su destitución.
“Por su actuación como fiscal suprema y Fiscal de la Nación, por los Hechos Nos. 01, 02, 03 y 04 “a”- extremo referido al hecho de haber instigado a que el personal fiscal y administrativo del Ministerio Público, el día lunes 16 de junio de 2025, en horas de la tarde, a fin de que se constituyeran al Piso 9 de la Fiscalía de la Nación, y permanecieran por espacio de 4 horas aproximadamente, a fin de evitar dar cumplimiento a lo ordenado mediante Resolución N.º 231-2025-JNJ”, señala la reciente decisión.
Los hechos descritos por el denunciante, Luis Miguel Caya, se refieren a la lucha por el poder de un sector manejado por la llamada mafia caviar, frente a abogados como Benavides o Tomás Gálvez, quienes fueron destituidos con procedimientos ilegales.
“Abuso de poder e instrumentalización del cargo”, es uno de los actos que sería falta grave. “No solo no la atendió, sino que ordenó levantar actas sin sustento legal”, se indica.
Otros hechos son la usurpación de funciones (Espinoza continuó actuando como titular del Ministerio Público, diciendo “nadie me sacará de aquí”), rehusamiento de actos funcionales (no convocó a la Junta de Fiscales Supremos en su momento), uso indebido del personal fiscal.
Cabe indicar que ese 16 de junio, se confirmó la convocatoria a funcionarios, quienes dejaron de atender investigaciones, y se dedicaron a un acto político. En la noche, fiscales de diferentes instancias se pusieron ponchos y/o portaron velas en una vigilia que ridiculizó la imagen del otrora respetado organismo.
“Por favor, de tu área, todo el personal administrativo que pueda y quiera solidarizarse con la doctora Delia, que venga al piso nueve, como una cuestión de apoyo. ¡Urgente, corriendo!”, fue el audio que circuló ese día, demostrando el uso de capital humano para temas personales.
Según detalla la Resolución N.º 281-2025-JNJ, la Junta evaluó un total de cuatro hechos claves. Tres fueron calificados como presuntas faltas disciplinarias muy graves.
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“Estas presuntas inconductas se encuentran calificadas en la Ley de la Carrera Fiscal como falta muy grave. Así, en el artículo 47 inciso 13) de la citada ley, se sanciona lo siguiente: Artículo 47. – Faltas muy graves Son faltas muy graves las siguientes: (…) 13. Incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente los deberes del cargo. Siendo los deberes que se habrían comprometido gravemente: “Artículo 33. Deberes Son deberes de los fiscales los siguientes: 1. Defender la legalidad, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú, la ley y las demás normas del ordenamiento jurídico de la Nación. 20. Guardar en todo momento conducta intachable”, se sustenta en el documento de apertura de investigación.
Caya había denunciado también la convocatoria de Espinoza al uso de la fuerza contra Benavides y sus acompañantes. La JNJ consideró que esto configuraría un acto tipificado en el Código Penal, por lo cual consideró que debe ser derivado a una Fiscalía, y no tratado en un procedimiento disciplinario y/o administrativo.
El organismo presidido por Gino Ríos Patio negó el pedido de suspensión preventiva planteado por Caya. Para esto, se basó en en el artículo 86º de su Reglamento de Procedimientos Disciplinarios.
“Dado que no se está postulando el inicio de un procedimiento disciplinario, resulta inviable siquiera discutir la posibilidad de imponer la medida cautelar solicitada. Por lo que, este pedido debe desestimarse de plano”, se indica claramente.
Esto marca un deslinde de la posición que tomaron los anteriores miembros de la JNJ. Ellos suspendieron a Benavides cuando recién empezaba el proceso preliminar, e incluso se saltaron etapas para destituir y suspender a otros jueces y fiscales que no eran parte de la mafia caviar.
“Otorgar a la investigada el plazo de diez (10) días hábiles para que presenten su informe por escrito, acompañando los medios probatorios que estimen pertinentes, para cuyo efecto podrán utilizar la mesa de partes virtual de la Junta Nacional de Justicia (...) permitir a la investigada y/o a su abogado/a defensor/a, la revisión del expediente en la Dirección de Procedimientos Disciplinarios, debiendo para tal efecto solicitarlo a través de la mesa de partes virtual”, se añade en la parte resolutoria del documento que inicia las pesquisas.
“Resulta necesario establecer si la fiscal suprema incurrió en la comisión de una inconducta funcional; razón por la cual corresponde abrir investigación preliminar; situación que no implica un adelanto de criterio sino, por el contrario, tiene el propósito de determinar en estricto respeto del principio de presunción de licitud si procede o no la apertura de un procedimiento disciplinario”, se acota.
En conversación con EXPRESO, el denunciante, Luis Miguel Caya, señaló que se debe respetar el debido proceso para destituir a la polémica funcionaria, a fin de evitar que luego acuda a jueces como Segismundo León.
“Esta decisión confirma totalmente mis denuncias. Delia Espinoza se burló del país, desobedeció una resolución firme, usurpó funciones y convirtió el Ministerio Público en su búnker personal. Esta no es una simple investigación: es la prueba de que hubo abuso de poder, prepotencia y una conducta golpista por parte de Espinoza. Y todo esto, con pruebas y videos que ella misma protagonizó”, indicó.
El exconsejero regional de Moquegua también precisó los hechos que configurarían causales para la salida de la fiscal suprema.
“Abusar del poder y bloquear el retorno de Patricia Benavides; usurpar el cargo de Fiscal de la Nación cuando ya había sido cesada; negarse a cumplir sus actos funcionales como la entrega del cargo; e instigar a fiscales y personal para impedir la restitución. Todo esto está documentado y sustentado en la resolución”, explicó.
Además, consideró que lo ocurrido el 16 de junio y en los días posteriores, para evitar el cumplimiento de una resolución oficial, fue un golpe institucional dentro del Ministerio Público.
“Lo que hizo fue desconocer a la Junta Nacional de Justicia, desobedecer una orden legal y aferrarse al cargo como si fuera suyo. Eso, en cualquier parte del mundo, se llama golpe institucional. Y lo peor: usó a fiscales, empleados y hasta la fuerza pública para bloquear el acceso de la fiscal Patricia Benavides. Esa es la conducta de una usurpadora, no de una fiscal de la Nación”, dijo.
Respecto a la negativa de suspensión provisional, Caya considera que esto debió darse el mismo día de los hechos, pero que confía en que la JNJ cumplirá con el tema de fondo en el plazo correcto.
“Creo que la JNJ ha sido prudente, quizá demasiado. Pero la gravedad de los hechos es tan evidente que la suspensión preventiva debió dictarse ese mismo día. Aquí no hablamos de una falta leve, hablamos de actos que podrían terminar en destitución e incluso en procesos penales. La JNJ tiene la obligación de llegar hasta el final, sin ceder a las presiones de los grupos de poder que hoy protegen a Espinoza”, advirtió.
Finalmente, aseguró que, si se cumple la ley, la actual fiscal de la Nación deberá ser expectorada del Ministerio Público, sin perjuicio de que se realicen más cambios, como parte de una reforma estructural.
“Y si la ciudadanía no se deja engañar por el blindaje político de ciertos sectores, Espinoza será destituida. Porque lo que hizo no solo violenta la Constitución, sino que dejó en ridículo al Ministerio Público frente al país entero. Ella no puede seguir un día más en el cargo”, finalizó Caya.
En el congreso
Cabe indicar que el denunciante también ha acudido a la JNJ para que se sancione a la abogada por haber abusado de su cargo contra congresistas que gestionaron una ley en beneficio de militares y policías retirados. Esta se suma a otras en diferentes instancias.
En marzo de 2024, un grupo de congresistas (Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón, Luis Cordero e Ilich López) había presentado una denuncia constitucional por presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones, además de violaciones a los artículos 39, 51, 99 y 159 de la Constitución.
Este mes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró procedente una presentada por la bancada de Renovación Popular, por presunta infracción del artículo 159 constitucional y posible comisión de los delitos de cohecho activo y encubrimiento personal (arts. 388 y 404 del Código Penal).
Idas y vueltas
Delia Espinoza fue nombrada titular del Ministerio Público en octubre de 2024 por la Junta de Fiscales Supremos.
La JNJ la había designado fiscal suprema, pero la gestión de Benavides se negó a incorporarla durante meses, para luego derivarla al Jurado Nacional de Elecciones.
Távara fuera
Esta decisión se dio conforme al Acuerdo de fecha 16 de julio de 2025, y Francisco Távara no participó porque ya había adelantado opinión.
“Adoptado por unanimidad por los señores miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia; sin la participación del doctor Francisco Artemio Távara Cordova, por tener abstención con relación a la doctora Delia Espinoza Valenzuela”, se precisa.
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