Delia Espinoza apela a politización extrema: fiscal de la Nación miente y patea tablero ante inminente suspensión
Desenmascarada, ahora empapela a Fuerza Popular. Funcionarios que prendieron velas a su lado en vigilia investigan a miembros de JNJ.
“Los altos funcionarios públicos deberían estar condicionados a exámenes psiquiátricos periódicos. Pero en este caso es para pedir la inhibición de la bancada fujimorista en su acusación”, son las palabras del expresidente del Tribunal Constitucional Ernesto Álvarez, que reflejan el comportamiento de Delia Espinoza.
A la aún fiscal de la nación (este viernes, la Junta Nacional de Justicia podría suspenderla) se le han ido cayendo todos sus argumentos y todas sus excusas contra el proceso disciplinario que enfrenta.
Esto la llevó a un nuevo fracaso ante la Junta de Fiscales Supremos. Intentó que la apoyen en un pronunciamiento institucional. Para su mala suerte, cada uno se fue negando, dejándola sola.
Ante esta situación, Espinoza presentó a la Corte Suprema un documento de más de 1,500 páginas, en el cual pide que Fuerza Popular desaparezca. Sus argumentos, para variar, son más políticos que jurídicos.
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“Promoviendo atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes, sociedad civil organizada, y la persecución de estas personas por razón de su función pública, posición política, profesión y/u opinión”, es uno.
Este se basa en que el partido de Keiko Fujimori ha criticado públicamente a personajes que luego enfrentaron protestas y plantones, tanto frente a sus domicilios como a sus centros de trabajo.
Se citan los casos de Jorge Salas Arenas (expresidente del Jurado Nacional de Elecciones), José Pérez (fiscal del caso Cócteles) y Rosa María Palacios (abogada que asesoró al fujimorismo en los noventa). Según Espinoza, ellos son “víctimas”.
Otras imputaciones de la aún fiscal es que Fuerza Popular sacó de su bancada a miembros que tenían discrepancias políticas, que defiende a militares injustamente procesados por crímenes del “conflicto armado interno”, y otras acciones.
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