Corrupción desangra al Perú: 72,000 millones de soles perdidos entre 2021 y 2023
Según Cámara de Comercio de Lima, con ese dinero se podrían haber construido 1,600 colegios y 50 hospitales, además de crear más de 1’000,000 de empleos.
La corrupción está matando al Perú. No es una frase exagerada; es la realidad cruda que se vive a diario en un país donde el saqueo de recursos públicos se ha convertido en norma. Cada sol robado por políticos corruptos, empresarios inescrupulosos y funcionarios cómplices es un golpe directo al futuro del país. No solo se trata de malversación de fondos, es un sistema podrido que perpetúa la pobreza, frena el crecimiento y destruye cualquier esperanza de progreso para millones de peruanos.
El impacto de la corrupción no solo se mide en las grandes cifras que pierden los presupuestos nacionales, sino en los hospitales que no se construyen, las escuelas que permanecen en ruinas y las familias que siguen atrapadas en la miseria.
Inversión privada
La corrupción también tiene un efecto negativo en la inversión privada y la competitividad del país. Los empresarios ven en las prácticas corruptas una barrera para el desarrollo de sus actividades, ya que deben enfrentarse a sobornos y extorsiones para poder operar. Esto, a su vez, desincentiva la inversión extranjera directa, esencial para el crecimiento económico de Perú. El Foro Económico Mundial ha señalado que la corrupción es uno de los principales obstáculos para hacer negocios en el país, afectando directamente la confianza de los inversores.
Además, la ineficiencia en el uso de los recursos públicos provoca que proyectos de infraestructura y obras sociales queden paralizados o se ejecuten mal. Un ejemplo de ello es la construcción de hospitales y carreteras a medio terminar o de baja calidad, resultado de contratos asignados a empresas que pagaron sobornos en lugar de presentar propuestas técnicas adecuadas.
Informalidad
La corrupción también ha alimentado el crecimiento de la economía informal, que representa aproximadamente el 70% de la fuerza laboral en Perú. La falta de confianza en las instituciones públicas y el temor a la burocracia y las coimas han llevado a millones de peruanos a operar fuera del sistema formal. Esto crea un círculo vicioso: menos empresas formales significa menos impuestos recaudados, lo que a su vez reduce los recursos disponibles para combatir la corrupción y fortalecer el sistema institucional.
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Asimismo, la informalidad propicia la evasión fiscal y la subdeclaración de ingresos, afectando directamente la capacidad del Estado para generar ingresos y redistribuir riqueza de manera efectiva. De esta manera, la corrupción y la informalidad se retroalimentan, perpetuando un sistema donde las leyes son vistas como flexibles y negociables, en lugar de principios que deben respetarse.
Consecuencias sociales
El impacto social de la corrupción es igualmente preocupante. Las clases más vulnerables son las más afectadas, ya que los fondos públicos que deberían destinarse a mejorar los servicios esenciales son desviados a bolsillos privados. En sectores como la salud y la educación, la falta de recursos contribuye a la baja calidad de los servicios, perpetuando la pobreza y la desigualdad.
Los ciudadanos, ante la falta de respuestas del Estado, tienden a normalizar la corrupción como parte del sistema. Este fenómeno, conocido como “corrupción cotidiana”, se manifiesta en actos pequeños, como el pago de sobornos a policías de tránsito o funcionarios municipales, lo que refuerza la idea de que la corrupción es una vía rápida para resolver problemas.
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