Al descubierto desvío millonario en la FAP: empresa privada se llevó dinero de alquiler
Inspectoría General investiga a altos mandos por indicios de delito. Firma beneficiada tiene vínculos con casos en Fiscalía Anticorrupción.
Durante casi seis años, la Fuerza Aérea del Perú fue prácticamente estafada. Una empresa utilizó sus instalaciones en Iquitos por este periodo, pero en vez de pagarle por alquiler a la institución armada, lo hizo a las cuentas bancarias de otra firma privada.
La empresa A&S Aviation Pacific Helistar utilizó sus instalaciones en Iquitos por este periodo, pero en vez de pagarle por alquiler a la Fuerza Aérea, lo hizo a las cuentas bancarias de la empresa Fast Business E.I.R.L.
EXPRESO accedió a múltiples documentos que prueban esta irregularidad, por la cual el inspector general de la FAP, Mario Contreras León Carty, ha emplazado directamente a los involucrados.
Por el lado empresarial, estos son A & S Aviation Pacific S.A.C -Helistar (de capitales colombianos) y Fast Business E.I.R.L., la cual servía de receptora. La primera le pagaba alrededor de 20,000 soles mensuales desde el 2018 a la segunda, a cambio de usar la Base Aérea Santa Clara/BACLA – Loreto.
Este favorecimiento se habría hecho por coordinación y autorización de la Comandancia General del ALAR N.° 5, con sede en Iquitos.
“Muchas veces, estos fondos eran empleados para fines sociales como la realización de actividades castrenses entrega de canastas navideñas, despedida por año nuevo y apropiación directa de dineros provenientes de los alquileres en provecho de los comandantes generales del ALAR N.° 5 - Iquitos y personal militar FAP, que laboró en Santa Clara, en esos años”, indicó una fuente.
En cuanto a los funcionarios comprometidos, por el momento se ha identificado a los mayores generales Jorge Erick Reátegui Bartra y Jimmy Andrés Enrique Sandoval Montenegro, junto a los coroneles Jorge Cornejo Vega y Juan Carlos Minaya Medina.
También se investiga al comandante José Antonio Egusquiza Silupu, y a los subalternos Jenry Gonzales Villavicencio y SO1 FAP Anthony Bryan Meléndez Cabezas.
Documentación
El último once de setiembre, el inspector general de la FAP envió un pliego de 21 preguntas al ciudadano colombiano, Luis Prieto Rojas, actual gerente general de A & S Aviation Pacific S.A.C - Helistar. El documento adjuntaba copias de múltiples facturas, correos, fotografías y certificados.
La mencionada Helistar está vinculada a la empresa colombiana Helistar Technical Center S.A.S., con sede en Bogotá. En su país fue denunciada por actividades relacionadas al narcotráfico, y en Perú posee el 55% de acciones de Helicentro Perú SAC.
Esta última alquila las instalaciones e infraestructura del Servicio de Mantenimiento de la FAP - SEMAN.
Actualmente, afronta una investigación en el Ministerio Público por haber realizado servicio de overhaul a cuatro helicópteros MI del Ejército Peruano, sin tener la autorización de NASC (certificadora de la Federación Rusa, país de origen de estas aeronaves).
Entre noviembre del 2018 y abril del 2024, periodo en el cual se iniciaron los pagos ilegales, según la FAP, el gerente general de Helistar era el peruano Alex Flores Chalco.
Este es cuñado de Aldo Domínguez Peralta, general en retiro del EP que había sido jefe del Centro de Mantenimiento Aeronáitico (Cemae) de la institución del héroe Francisco Bolognesi.
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Domínguez fue relevado en el 2024, luego de que EXPRESO y otros medios difundieran irregularidades por veinte millones de dólares, precisamente en contratos para mantenimiento de tres helicópteros con la empresa Milenium Veladi Corp, que hasta ahora no entregan y el Ejército se niega a resolver el contrato.
Actualmente, es investigado por la Fiscalía Anticorrupción, en vista de que permitió (sin sustento técnico alguno) que la empresa panameña Milenium Veladi Corp. tenga tenga un plazo adicional de 139 días para entregar los helicópteros.
En este último punto, se pasó a una conciliación por penalidades, y el contrato sigue sin cumplirse.
Actualmente, Prieto Rojas posee el 70% de las acciones de Helistar, y el restante 30%, lo posee la esposa de Flores Chalco.
Un hecho que compromete aún más a A&S Aviation Pacific - Helistar, es que su certificado de Organización de Mantenimiento Aprobada (OMA) consigna como su base principal de operaciones para estos trabajos, a la Base Aérea Santa Clara de la FAP.
Si no se hubiera producido el irregular alquiler, en este momento no podría dar este servicio.
Al parecer, estas irregularidades se habrían dado en medio de secretismo gracias a que a inicios del 2020 empezó la pandemia de CVID-19. Esta produjo encierros y falta de trabajos presenciales, lo cual relajó los mecanismos de control en el Estado.
La certificación como OMA 058, fue otorgado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, entidad que depende del Ministerio de Transportes. En esta no se hizo una revisión de lo presentado, ya que no existe un convenio vigente en esa fecha con la FAP.
Donald Castillo, responsable de esta dependencia, aún no da explicaciones al respecto, ni al Ministerio Público ni a sus superiores.
También el MTC
El inspector general de la FAP, Mario Contreras León Carty, precisa en su informe que no existe contrato oficial de alquiler. Esto evidencia un indicio de corrupción no solo en la institución que dirige Carlos Chávez Cateriano, sino en el MTC, sector a cargo de Carlos Sandoval.
“Existiría un concierto de voluntades y alineamiento de naturaleza comercial entre Helistar, personal militar de la BACLA, Fast Business y la Dirección General de Aeronáutica. Esto es como un esquema delictivo de organización criminal”, señaló nuestro informante.
Millón y medio
Se calcula que el perjuicio económico a la institución armada, solo por alquileres no cobrados, sería de casi millón y medio de soles.
Sin embargo, el daño extrapatrimonial sería peor, al haberse afectado la dignidad e imagen de los seguidores de José Abelardo Quiñones.
Muy grave
A los efectivos mencionados se les investiga por infracción muy grave, tipificada como “incumplimiento deliberado de normas y disposiciones de carácter general o institucional”.
Según el Anexo III.5.4 de la Ley N,° 29131, “Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas”, los responsables serían destituidos en forma deshonrosa, así como denunciados penalmente.
Conciliación
Al descubrirse el desvío de dinero que era para la FAP, esta institución y Helistar dialogaron para llegar a una eventual conciliación por casi millón y medio de soles. La empresa señaló que ya pagó ese monto a Fast Business, por lo cual no se llegó a acuerdo alguno.
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