Víctor García Toma: “Dina Boluarte nunca abandonó el ejercicio del cargo”
El expresidente del Tribunal Constitucional sostuvo que la investigación abierta por la Fiscalía contra la presidenta por haberse sometido a una cirugía estética “es un nuevo capítulo de la judicialización de la política”.
¿La presidenta Dina Boluarte ha cometido infracción constitucional al someterse a una cirugía plástica y no dar cuenta de ello al Congreso?
Quisiera referirme antes al comunicado del Ministerio Público, en el que informan del inicio de una investigación al respecto, porque es un nuevo capítulo de la judicialización de la política. Lo digo porque el ente que debió recibir la comunicación de la presidenta, en el sentido de que no se encontraba en condiciones de salud para ejercer el cargo y, por consiguiente, debía operar el periodo de vacancia temporal por ese motivo, es el Congreso. Al Congreso le corresponde esa calificación y determinación, y hay una denuncia constitucional hecha por la congresista Margot Palacios. Entonces, no se entiende ese acto de intromisión en las competencias de otro poder del Estado.
La Fiscalía le imputa los presuntos delitos de omisión de actos funcionales y abandono del cargo a la gobernante. ¿Acaso el expremier Alberto Otárola no dijo que la presidenta nunca dejó de lado sus funciones?
Exactamente. De acuerdo con las declaraciones del señor Otárola, no se habría cometido ni la infracción constitucional ni delitos. Sin embargo, al que le corresponde determinar estos hechos es al Congreso de la República, porque se trata de un tema de naturaleza política. Además, en el supuesto negado de que hubiese un delito, este sería de carácter común, por lo que la presidenta estaría protegida por el principio de inmunidad; es decir, este caso no podría ser visto hasta el año 2026.
Sí, porque la presidenta, durante sus funciones, no puede ser acusada por este caso.
Lo curioso es que, en el despacho de la fiscal de la Nación, existe una denuncia contra el fiscal Domingo Pérez por supuesto desbalance patrimonial que tiene ya varias semanas, pero sobre eso no se ha pronunciado. Además, hay un periodista que se ha visto en la obligación de presentar un habeas data ante el Tribunal Constitucional para que los peruanos podamos conocer los alcances y contenidos del acuerdo con Odebrecht. Sin embargo, resulta que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, es la superior jerárquica de los señores Vela y Pérez; entonces, bastaría con la sola decisión de que se le haga entrega de ese documento y de que ella, en su condición de máxima autoridad del Ministerio Público, revele cualquier misterio, pero no se ha producido nada de eso. Tampoco ha habido una declaración manifiesta y concreta en relación con el caso de la fiscal Peralta, ni tampoco por el hecho de que una fiscal fue sorprendida en el aeropuerto cometiendo el delito de hurto agravado.
¿Tuvo que avisarle la presidenta Dina Boluarte al Parlamento que se iba a someter a una cirugía plástica?
Por propia voluntad, la presidenta decidió someterse a una intervención quirúrgica de carácter menor y, luego del posoperatorio, que fue al cabo de unas horas, continuó en el ejercicio del cargo. Para tales efectos, hizo uso de los medios y recursos virtuales. Hoy, en el Perú, hay trabajo remoto, y esto ocurre en el Congreso y en el Poder Judicial.
¿No hubo abandono del cargo?
Nunca hubo abandono en el ejercicio del cargo.
Entonces, tampoco hay causal de vacancia.
No hay causal de vacancia, y lo que queda es un entrometimiento de una institución sobre funciones que son exclusivas y excluyentes del Parlamento. Porque, reitero, este tema tiene que ser dilucidado y resuelto en el Congreso. El Ministerio Público no tiene vela en este entierro.
Por eso es que usted habla de la judicialización de la política.
Así es, como se ha dado en otros casos anteriores. Se intentaron entrometer en la elección del defensor del Pueblo, de los magistrados del Tribunal Constitucional, etc. Creo que hay toda una maquinaria que utiliza las instituciones judiciales para hacer política, para destruir a los adversarios y para cambiar el rumbo de los acontecimientos naturales que se dan en nuestro país.
Lo que quieren los caviares es sacar del cargo a Dina Boluarte para poner, en su lugar, a un nuevo Sagasti, que les devuelva el poder que han perdido.
En vez de perturbar la verdad de los hechos y menoscabar el honor de las personas, los caviares deberían dedicarse a recolectar firmas, formar su partido y hacer campaña, pero no lo hacen porque saben que no tienen opción ante la población.
Ellos no ganan elecciones.
Pero sí se entronizan en todos los gobiernos.
¿Y qué pasaría si el Congreso hace caso a los caviares y vaca a Dina Boluarte?
A Salhuana le correspondería asumir la Presidencia, pero, como tampoco les gusta, tendrían los parlamentarios que elegir a uno que sí les guste. Es inaceptable.
Y otra vez la ciudadanía, sin tiempo alguno, iría a las urnas para votar con precipitación y dentro de un marasmo político.
Es un absurdo que genera inestabilidad, más allá de si nos gusta o no la presidenta. A nadie le gusta, pero necesitamos que las reglas se respeten para llegar al 2026 en las condiciones en que los partidos y los ciudadanos podamos dar lo mejor de nosotros mismos para tener un mejor gobierno.
El Congreso puede decidir si hay infracción
“Judicialización de la política”: Víctor García Toma critica el uso de instituciones judiciales para atacar adversarios y distorsionar el panorama político.
“Sin causal de vacancia”: El expresidente del Tribunal Constitucional afirma que la presidenta Boluarte no abandonó el cargo en ningún momento.
“Competencias claras”: Según el jurista, solo el Congreso tiene la atribución de calificar posibles infracciones constitucionales.
“La inmunidad presidencial”: Dina Boluarte no puede ser procesada penalmente hasta que termine su mandato en 2026.
“El Congreso en la mira”: Advierten sobre las presiones de sectores políticos para desestabilizar el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
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