Julio Rodríguez: “El acuerdo con Odebrecht es irregular por donde se le vea”
Abogado penalista sostuvo que grandes beneficiados con la firma del convenio son la empresa y sus funcionarios. “El gran perjudicado ha sido el Estado peruano”, lamentó el letrado.
Se confirmó, tras la publicación del acuerdo de colaboración, que Odebrecht solo aceptó delitos en 4 proyectos y se comprometió a pagar la irrisoria suma de 610 millones de soles por concepto de reparación civil. ¿Julio Rodríguez, cómo se llegó a ese monto?
Ese monto se estableció sobre la base de una normativa aprobada durante la gestión de PPK, que comenzó a restringir los estándares de la exigencia de la reparación. En un primer momento, la Procuraduría lanzó una cifra cercana a los 3 mil millones de soles, y después esa cifra comenzó a reducirse. La Procuraduría no dijo nada y aceptó una reparación por 610 millones de soles. Se trata de una reparación que, evidentemente, no abarca el cuantioso daño patrimonial que las contrataciones de Odebrecht significaron para el Perú. En términos económicos, el gran perjudicado ha sido el Estado peruano.
En la cláusula de confidencialidad dice que, una vez homologado el acuerdo, tenía que hacerse público. Ello ocurrió en junio de 2019. ¿Por qué no se hizo público en ese momento?
Las razones saltan a la vista. Habría que preguntarnos si este acuerdo benefició o no al Estado peruano. ¿Benefició a los procesos? ¿Hemos conocido la verdad de todo lo que dice Odebrecht? No. Ellos se comprometieron a dar información sobre 4 proyectos y, de los otros 13 proyectos restantes, simplemente han dado datos, pero no han asumido responsabilidad penal ni económica. Además, incluyeron de contrabando una cláusula progresiva que dice que, si el Estado se entera de otros casos, ahí sí colaborarían, pero no asumirían responsabilidad penal ni económica. El acuerdo no sirve para conocer la verdad ni para condenar en estos cuatro casos. ¿Cuántos casos de condena tenemos gracias al acuerdo?
Algunos podrán decir que el de Toledo, por la carretera Interoceánica, pero la condena se logró por la colaboración de Maiman.
Ese caso venía desde antes de Lava Jato, porque una fiscalía común encontró la famosa ruta del dinero de Ecoteva. Por lo tanto, el acuerdo no ha servido para conocer la verdad, no ha servido para los enjuiciamientos y no ha reparado económicamente. El resultado del acuerdo, evidentemente, es nefasto para los intereses del país.
No se incluyó en este acuerdo al Gasoducto del Sur, proyecto por el que Odebrecht no ha denunciado en la justicia internacional.
Es que ninguna de las partes tuvo poder para acudir a un tribunal a reclamar, porque para eso se firma un acuerdo. Pero, en el caso peruano, eso no se pactó. Ya se iniciaron los arbitrajes y lo más probable es que el Estado peruano los pierda. Es decir, no solo no han cumplido con pagar la reparación civil en su totalidad, sino que vamos a tener que pagarles nosotros.
También nos ha demandado por Rutas de Lima.
El caso de Susana Villarán es uno redondo, en el que no necesitábamos a los delatores de Brasil. Yo he venido diciendo desde el año 2018 que no teníamos que depender de delaciones de afuera, sino que bastaba con buscar acá adentro.
Bastaba con apretar a las empresas consorciadas.
Evidentemente, ahí estaba la fuente de información directa.
¿Por qué Odebrecht no pagó la reparación civil con los 524 millones de soles que se le devolvieron por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla?
Ese monto debió ir íntegramente a la reparación civil.
La pregunta del millón es si hay o no delitos por parte de quienes suscribieron este acuerdo; es decir, Domingo Pérez y Jorge Ramírez.
Yo he tomado conocimiento de que ya hay denuncias en trámite. El acuerdo tiene más de 1,000 páginas y no es tan fácil ni rápido procesarlo con minuciosidad; sin embargo, ya hay denuncias por delitos de prevaricato y encubrimiento contra los fiscales y la Procuraduría. Lo cierto es que el acuerdo ha vulnerado los principios más básicos del derecho procesal penal, ha deslegitimado la delación premiada y ha puesto al Estado peruano en una situación de vulnerabilidad. Esto debe merecer una investigación y sanciones.
¿Usted, a priori, no puede señalar si hay o no delitos?
No soy fiscal, pero le puedo decir que el acuerdo es irregular por donde se le vea. Con todo lo que hemos comentado, no puedo decir de ninguna manera que el acuerdo no es ilícito. ¿Esa ilicitud tiene una correlación con comportamientos criminales? Eso es lo que se tiene que determinar.
¿Rafael Vela se puede salvar por no haber firmado el acuerdo?
No puede ser tan fácil, pero hay demasiadas irregularidades, como, por ejemplo, que Marcelo Odebrecht no haya firmado ni sido incluido.
¿La conclusión, entonces, es que el acuerdo solo ha beneficiado a Odebrecht?
Obviamente, el gran beneficiado es Odebrecht y sus funcionarios. La justificación de la firma del acuerdo que dieron todos los medios de prensa que apoyaban a los fiscales era conocer la verdad, pero al día de hoy no la hemos conocido.
¿Cómo tenían el acuerdo los portales caviares Convoca y Epicentro?
Habría que ver cómo lo obtuvieron, porque esto es una infracción a la norma procesal penal, que castiga a aquel fiscal o juez que revela información que es reservada. Esto merecería una investigación.
Solo ha reconocido 4 delitos
Julio Rodríguez advierte que el acuerdo de colaboración con Odebrecht vulnera los principios del derecho procesal penal y coloca al Estado peruano en una posición de desventaja.
El abogado penalista critica que Odebrecht solo haya reconocido delitos en 4 proyectos y denuncia una reparación civil insuficiente de 610 millones de soles.
Asimismo, Julio Rodríguez asegura que el acuerdo no ha servido para conocer la verdad, procesar casos de corrupción ni reparar el daño económico al país.
El especialista señala irregularidades en el manejo del acuerdo, como la inclusión de cláusulas que exoneran a Odebrecht de responsabilidad penal y económica en proyectos adicionales.
El letrado cuestiona la devolución de 524 millones de soles por la venta de Chaglla y exige investigaciones sobre posibles delitos de prevaricato y encubrimiento.
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