Militares y policías que cumplieron con la ley en los sucesos violentos de inicios del actual gobierno son investigados y juzgados porque Dina Boluarte, Otárola y otros “les dieron la espalda y los han abandonado a su suerte”.
Bloquean –en complicidad con OSCE- la ejecución de cartas fianzas de fiel cumplimiento, impiden al Estado anular contratos y lo obligan a no aplicar penalidades. En este momento está en trámite S/ 318'296,746.99.
Canasta básica familiar se vuelve a encarecer. Gremios avícolas afirman que Estado los tiene olvidados y la recuperación del sector tomará varios meses.
Lamas Puccio, Dino Caro Coria, Mario Amoretti, Natale Amprimo y otros penalistas consideran que el trío que manipuló la Fiscalía tiene que ser investigado.
Fiscal supremo Alcides Chinchay se hace cargo del caso. Procurador Javier Pacheco señala que Fiscalía también debe investigar a Romina Mella, de IDL Reporteros.
Para César Gutiérrez existen dos vías para salir del atolladero: la insolvencia o el proceso concursal ordinario, pero antes se debe tener un directorio creíble.