Renzo Reggiardo asegura que tomarán medidas para recuperar peajes: «No mentimos a nadie y confío que ganaremos»

Antes de nuestra era, ya decía el político y filósofo romano Cicerón que “servirse de un cargo público para enriquecerse personalmente resulta no sólo inmoral, sino criminal y abominable”.

Lamentablemente, la justicia ha demostrado -en los últimos años- que la práctica utilizada en varios países por la constructora Odebrecht con los políticos de turno, buscó comprar voluntades a través de coimas y entregas de dinero para hacer lo que quiera, logrando contratos leoninos. Lo hecho por Rutas de Lima en la gestión de Susana Villarán (2013), evidentemente, es un claro ejemplo de ello.

Tras la dura batalla legal que ha emprendido el actual alcalde metropolitano Rafael López Aliaga para recuperar los peajes de la corrupción, como lo ha denominado, el procurador público de la Municipalidad de Lima (e), Carlos Enrique Cosavalente Chamorro, solicitó el último viernes ante el fiscal provincial de turno de la fiscalía especializada en delito de lavado de activos de Lima, disponer el inicio de diligencias preliminares contra los que resulten responsables de la empresa Brookfield Infrastructure Group Perú SAC, por la presunta comisión del delito de lavado de activos.

Se habría tomado esta medida porque se sospecha que Odebrecht seguiría al mando de Rutas de Lima, a cargo de los mismos ejecutivos brasileños; y la firma canadiense Brookfield sería prácticamente una empresa de pantalla, que serviría como “testaferro” de la gigante brasileña.

El teniente alcalde de Lima y excongresista Renzo Reggiardo señala que en breve se tomarán acciones concretas para recuperar los peajes y vienen trabajando ello, comentó a EXPRESO, pero aclara que evidentemente no pueden revelar su estrategia legal, pero hace entender que vienen haciendo todos los esfuerzos para que ello se concrete. Aclara que no han mentido a nadie en este duro trabajo.

Reggiardo nos cuenta que como autoridades ediles, tienen evidentemente coordinación con el procurador, pero entienden que el doctor Cosavalente ha encontrado indicios razonables para presentar esta denuncia penal, debido a que hay razones suficientes que hacen presumir que se podría configurar un caso de lavado de activos.

“El procurador está pidiendo una serie de acciones, como pedir el levantamiento del secreto bancario de parte de Odebrecht y de Brookfield, así como pedir el levantamiento del secreto bursátil de ambas empresas, para determinar si esta tipificación se configura o no”, aclara.

Agrega que “hay un hecho muy importante que aquí se va demostrar con estas diligencias, como los reportes de utilidades o de impuestos del año 2016 de Brookfield, los reportes de Odebrecht Latinvest Perú SAC”.

El teniente alcalde detalla que el fondo de Inversión Brookfield sabiendo que el señor Marcelo Odebrecht había sido privado de su libertad tres meses antes de hacer la transacción (2016), decidió realizar la compra. Eso para el procurador podría ser una configuración de lavado de activos, porque si no se hubiese hecho esa operación, el Estado hubiese incautado esas acciones y hoy en día no estaríamos frente a esta situación en la que nos encontramos, sostiene.

Señor Reggiardo, ¿la procuraduría de la MML no debió actuar con anticipación, sabiendo que esta compra de las acciones de Odebrecht se realizó en el año 2016?

Sí, por supuesto, y no solo eso sino la propia municipalidad debió acudir a una instancia como la que nosotros hemos acudido también, que es la caducidad del contrato porque el propio contrato así lo contempla.

Nosotros hemos hablado del 29 de julio, porque de acuerdo a la cláusula que establece la caducidad del propio contrato que se firmó con la concesionaria, habla de 180 días que se vencieron el 29 de julio, acá no ha habido nada distinto a eso.

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A partir de ese vencimiento habrá unas medidas que se tendrán que tomar y eso es parte de lo que hemos anunciado, que será parte de una estrategia legal que evidentemente no la podemos revelar abiertamente.

Rutas de Lima es quien ha acudido a instancias internacionales para no tener que entregar los peajes. Lo que han buscado es sacarle la vuelta al acuerdo de concejo que establecía que los plazos se vencían el 29 de julio, de acuerdo a la cláusula del contrato que es la cláusula de caducidad; entonces con esa medida internacional y esa medida cautelar han tratado de evitar la entrega, hasta ahora.

Debo señalar que hemos sido absolutamente respetuosos del contrato y por eso es que hemos acudido a una cláusula con una serie de condiciones previas que se han revisado: no hay vías alternas y hay una serie de situaciones que se han generado, lo cual nos permite activar esa cláusula.

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