Odebrecht juega a prescripción en caso Interoceánica

Cuando en el futuro se escriba las páginas oscuras del caso de la Interoceánica Sur y sus tramos (2, 3 y 4) en el que participó la constructora brasileña Odebrecht, se dirá que el Perú fue notificado de este escándalo en 2008 con sendos informes del diario EXPRESO. Y que la concentración mediática calló y la clase política igual. Tuvieron que pasar varios años para que el affaire tome dimensiones internacionales con el llamado caso Lava Jato que estalló en Brasil.

Pero este escándalo ya se indagaba como una derivación del caso Ecoteva, si se recuerda la investigación preliminar que empieza el 19 de junio de 2015 a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Esto con relación a los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur a cargo del consorcio Conirsa, encabezado por la Constructora Norberto Odebrecht e integrado por Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales. Por esta fecha, no existía el Equipo Especial Lava Jato.

Mucha agua había corrido bajo los puentes hasta que el colaborador eficaz Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, le diera vuelo al caso confesando ante el fiscal Hamilton Castro los pagos de los sobornos por 20 millones de dólares que le enviaron, a través de las empresas de su amigo Josef Maiman, a las firmas relacionadas con el entonces presidente Alejandro Toledo, como Ecoteva Consulting.

Acá es que empieza a tallar el Equipo Especial, pero no el dirigido por el dúo Rafael Vela y José Domingo Pérez. Otra es la historia con el Tramo 4 de esta red vial donde el Consorcio Intersur integraba a Construtora Andrade Gutiérrez S.A., Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A., Constructora Queiroz Galvao S.A. también hizo de las suyas.

Dilación y prescripción

Si la investigación preliminar de este caso empezó en junio de 2015, han tenido que pasar 8 años para el inicio del juicio oral, el 11 de septiembre próximo, contra Toledo y otros implicados en la concesión de todos los tramos de la carretera Interoceánica.

Si esto es así, si se debe sortear aún la acusación fiscal y todo el juicio oral, “me temo que hay que esperar unos 20 años para que termine el proceso, estando de por medio el peligro de la prescripción”, declaró a este medio la excongresista Rosa Bartra, que presidió la Comisión Lava del Congreso de la República.

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“Con el agravante que para el tramo 4 –donde está Camargo y Correa– la investigación preliminar recién está en sus inicios”, advierte.

Bartra da a entender que la estrategia de la defensa de los implicados en este caso, como José Graña Miró Quesada, que ha sido el principal ariete de la concentración de medios, ha jugado, siguiendo a los brasileños de Odebrecht, a dilatar los procesos.

No solo eso, sino últimamente a sabotearlos desde su país, como se ha visto en la negativa a declarar en el caso Gasoducto del Sur por parte de Marcelo Odebrecht, CEO de la transnacional del mismo nombre, ahora Novonor, y Jorge Barata.

Pero dada la naturaleza de los delitos, ligados a lavado de activos y colusión, legalmente es difícil que prescriban, salvo que el Ministerio Público y el Poder Judicial no hagan su trabajo, incluido en los parámetros de la llamada “Ley Soto” 31751.

El problema es que la lentitud de cómo se manejan los procesos conlleva a estos peligros, mas la ley en mención no escapa a que la retroactividad beneficia al reo, aunque en los casos de prescripción la norma es de aplicación inmediata.

Por Plinio Esquinarila

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