Marita Barreto y su operativo «doble rasero»: Al descubierto politización en Fiscalía

Marita Barreto acaba de entrar en una encrucijada. Su Equipo Especial abrió investigación y allanó al exministro Hernán Garrido Lecca, por supuesto tráfico de influencias en la Junta Nacional de Justicia, a favor de Patricia Benavides. Sin embargo, no efectuó acción alguna para aclarar el papel de los magistrados aludidos.

“La resolución de allanamiento también dice que yo he influenciado en los miembros de la JNJ y en los miembros de la Junta de Fiscales Supremos (JFS) para dos nombramientos. Llamen a los 7 miembros de la JNJ y pregúntenles a ellos porque serían mis cómplices. Llamen a los miembros de la JFS y pregúntenles a ellos”, respondió el aludido, en RPP Noticias.

Por la mañana, y mediante una autorización del juez Raúl Justiniano, miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) allanaron la viviendas de Garrido Lecca, el litigante José Luis Hauyón, Claudia Ruiz Mesías (esposa de un fiscal) y de Rudy Aguedo del Castillo (funcionario de confianza de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial- ANCPJ).

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Desde el 14 de diciembre, estos intervenidos habían sido incluidos en la investigación por organización criminal y tráfico de influencias del Eficcop. El principal insumo fueron declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de Benavides.

En la Resolución 1, del 18 de diciembre, el referido juez autoriza al Equipo 3, dirigido por el fiscal Fredy Niño, a allanar y a incautar equipos de comunicaciones, a fin de obtener sus contenidos, para poder corroborar las imputaciones.

Al principio, el documento habla de un colaborador eficaz con código CE-31-2023, pero en las 127 páginas predomina el C-33-2023. Allí se habla de “información de calidad” y “elementos de corroboración” brindados, pero una lectura permitió comprobar que solo se confirman hechos públicos, y los supuestos actos delictivos solo existen en las palabras de los testigos.

Caso Lava Jato

Esta vez, el Eficcop no se limita a acusar a los asesores de Benavides de ofrecer archivamiento de investigaciones a congresistas, a cambio de que apoyen determinadas acciones (inhabilitación de Zoraida Ávalos, elección de nuevo defensor del Pueblo, etc.). Ahora se apunta a una conspiración para que la ahora suspendida fiscal de la Nación sabotee los procesos del caso Lava Jato.

En primer lugar se menciona que, en 2022, Garrido Lecca y Hauyón coordinaron con miembros de la JNJ para que estos favorezcan a Benavides. Es a partir de allí que el exministro cuestiona a los dirigidos por Barreto. En un tráfico de influencia hay dos partes, y no se aprecia que se pida alguna acción contra los dirigidos por Imelda Tumialán.

Es decir, ahora la “víctima” sería Rafael Vela, y los operadores el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, entidad que lo ha suspendido ocho meses por insinuar sin pruebas que una jueza quería favorecer a Keiko Fujimori.

El colaborador –supuestamente Villanueva– sitúa a Benavides, Garrido Lecca y Hauyón en cuatro reuniones. Varias habrían sido entre los días 22 y 23 de noviembre.

¿Cuál es su prueba? Que cuatro veces la comitiva de Benavides se detuvo a unas cuadras de las oficinas del abogado.
Otra “prueba” de complicidad con Aguedo, asesor de la ANCPJ, es que se vieron el 24 de noviembre. La misma resolución señala que esto se dio en un lugar público: el Congreso de la República.

Según las palabras de Vela, estas eran coordinaciones para presionar a Fernández Jerí, y que este lo suspenda. Esto sí se produjo el 24 de noviembre, lo cual –para el juez Justiniano– es un indicio de ilícitos.

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