La farsa de las "esterilizaciones forzadas"
Ligaduras de trompas fueron mínimas (3%) en comparación con otros métodos de control de la natalidad y salud reproductiva.
Por Plinio Esquinarila
El Ministerio Público reabrió el caso de las “esterilizaciones forzadas”. El Poder Judicial lo ha acogido este 11 de diciembre, a través del juez Rafael Martínez Vargas, para procesar por séptima u octava vez al expresidente Alberto Fujimori y los ministros de Salud de entonces Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Jong Motta, como “autores mediatos” del presunto delito de lesiones graves seguidas de muerte en agravio de 1,300 mujeres, supuestas víctimas del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000.
Han pasado 25 años desde que salió a luz pública este tema, cuya partida de nacimiento fue una alianza contranatura entre sectores conservadores de la Iglesia Católica que predican la posición “pro vida” y la izquierda feminista y de las ONG que, no obstante su participación inicial en el citado programa fujimorista, pasaron a ser sus críticos más feroces.
El 17 de julio de 2002 el exministro de Salud, Fernando Carbone, precisamente de ideas conservadoras, popularmente llamadas “cucufatas”, presentó un informe crítico del programa ante el Congreso de la República dando cuenta de que, entre 1996 y 2000, se realizaron 215,227 ligaduras de trompas forzadas y 16,000 vasectomías.
La respuesta a este informe vino de la Defensoría del Pueblo, través de la defensora adjunta de la época, Rocío Villanueva, quien señaló que le llamaba la atención que “se diga que hay más de 200,000 mujeres ligadas contra su voluntad. Me gustaría saber en qué se basa ese informe”.
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