La Corte Suprema cuestiona "chuponeo"
¿Qué va a hacer la Fiscalía ante esta exhortación que tiene visos de cuestionamiento a la praxis indiscriminada de las interceptaciones telefónicas?
Por Plinio Esquinarila
El último 28 de octubre de 2021 la Sala Plena de la Corte Suprema de la República ha emitido un documento que ha conmocionado a la comunidad jurídica –en especial a jueces y fiscales- porque ha tomado distancia de la práctica recurrente de interceptaciones telefónicas que han afectado en forma indiscriminada a ciudadanos, magistrados supremos con derecho a fuero y altos funcionarios de la Judicatura.
Se trata de centenares y miles de escuchas telefónicas, principalmente a jueces aforados que eran rastreados implicando en forma indirecta a todo su entorno jurídico, administrativo y amical, bajo la modalidad del barrido que incluye todo lo que se habla en la vida privada, las 24 horas del día, varios entre julio de 2015 a julio de 2018, sin tomar en consideración si los rastreados son investigados o no lo son.
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Esta desnaturalización de un mecanismo constitucional de investigación preparatoria del crimen organizado, como informó este diario en su edición del 25 de octubre de 2021, sucedió en el caso de los “Cuellos Blancos del Puerto”, aunque hace poco el fiscal supremo del caso, Jesús Eliseo Martín Fernández Alarcón, de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, sostenga que dichas escuchas son errores involuntarios o “de redacción”, tal como lo sostiene en su escrito rectificatorio del 20 de agosto de 2021.
Esta postura fiscal ha sido aprobada en lo sustancial por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que despacha el Dr. Hugo Núñez Julca en su Resolución N° 1 del 25 de agosto del 2021, aunque dicho magistrado haya aceptado que Fernández Alarcón “vulneró el derecho fundamental de la inviolabilidad de las comunicaciones” por lo que anuló las anteriores resoluciones judiciales que habían autorizado el rastreo ilegal.
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