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Gobierno maquilla cifras para cumplir con regla fiscal: finanzas del Perú en juego

Economistas respaldan al Consejo Fiscal en su advertencia que el MEF está aplicando maniobras cuestionables para cumplir objetivos.

Contraloría intervino el Ministerio de Economía y Finanzas: tras la ruta de las transferencias al gobernador regional de Ayacucho.
Fecha Publicación: 16/12/2023 - 23:00
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El pasado 29 de noviembre el Gobierno aprobó un traspaso de 1,000 millones de soles del Banco de la Nación al Tesoro Público a través del Decreto de Urgencia N.° 039-2023.

Estos recursos son parte de las utilidades de la banca estatal que deberían consignarse en 2024. Es decir, se realizó un adelanto de recursos comprometiendo los activos financieros a futuro.

Esta jugada permite al Ejecutivo cumplir con la regla fiscal de 2.4% del PBI para el 2023. Sin embargo, este gol con la mano fue el VAR de la economía: el Consejo Fiscal, el cual prendió las alarmas y advirtió que esa transferencia afecta la credibilidad financiera del país, descubrió esta especie de 'maquillaje contable'.

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Justamente, el presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, declaró a una revista económica y afirmó que lo hecho por lo ministro fue una “contabilidad creativa”.

“Esta contabilidad creativa afecta su imagen. No debería incluirse como un ingreso del Gobierno, sino como un préstamo. Porque todavía no ha sucedido, no se ha materializado el hecho, que es lo que dice el manual del Fondo Monetario Internacional. Recurrir a este tipo de medidas ‘creativas’ afecta la credibilidad de la política económica.

Hubiese sido mucho más transparente que se diga que por [determinados] motivos no será 2.4% del PBI, sino 2.7% o 2.8%. Y que se fuera al Congreso para que se cambie el límite de 2.4% a 2.8%. Esa hubiera sido la forma correcta y no inventar este tipo de argucias”, enfatizó sobre el Gobierno a Semana Económica.

En la misma entrevista, el exministro de Economía dio a entender que la transferencia no estaría dentro del todo del marco legal.

“Se hizo con un decreto de urgencia que tiene rango de ley, con lo cual de alguna manera lo están legalizando. El Congreso tendría que decir si el decreto cumple con las exigencias que ha dictado el Tribunal Constitucional respecto a los decretos de urgencia. Mi punto de vista es que no lo cumple. Si [el Congreso] no se pronuncia y queda dentro del marco normativo, no es una buena señal. Ya no estaríamos discutiendo la legalidad, sino la conveniencia de este tipo de herramientas, que yo creo que le hacen poco bien a la credibilidad. Con el mismo criterio, le puedo decir a la Sunat que me dé S/ 15,000 millones a cuenta de la recaudación de impuestos del próximo año. Con eso maquillo las cifras y presento un 2023 mejor”, dijo Oliva.

Reporte del Consejo Fiscal

Para respaldar estas declaraciones, el Consejo Fiscal publicó el 12 de diciembre último un reporte en el cual explicaba que recurrir al adelanto de utilidades del Banco de la Nación “con la intención de forzar el cumplimiento de la regla fiscal, como se ha afirmado, no es una buena práctica ni corporativa, ni fiscal”, puesto que aún no se cuenta con estados financieros auditados al cierre del ejercicio anual y se altera la programación de las fuentes de financiamiento sin que exista la necesidad financiera.

“No existe tampoco claridad sobre el impacto de dicha transferencia en la solvencia del Banco de la Nación. En ese sentido, el Consejo Fiscal opina que esta medida, más allá del debate técnico sobre su registro apropiado, representa un incremento forzado de ingresos presentes a costa de menores ingresos futuros y podría estar generando un desequilibrio en el presupuesto del sector público del ejercicio 2024, recientemente aprobado”, anotó.

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