Denunciarán a jueces supremos
Sucesores de Montesinos en la Caja de Pensiones Militar Policial impiden que víctimas de corrupción obtengan viviendas compradas legalmente en los años noventa.
Por Plinio Esquinarila
¿Se puede cambiar un contrato de propiedad con una simple comunicación como viene sucediendo con la Caja de Pensiones Militar Policial en agravio de unas 300 familias, muchas de ellas ya despojadas de los departamentos que compraron en 1995 y que han sido pagados en más del 50% de su costo?
Sí es posible en el Perú cuando se utiliza ilegalmente una empresa ligada a la misma Caja para revender esas propiedades, con apoyo de algunos magistrados del Poder Judicial.
«Esto sucedió más o menos por el año 2010 en que los directivos de la Caja mediante simples cartas notariales nos han quitado nuestra propiedad y, de inmediato, la han vendido a una empresa que es de la misma Caja, llamada Administradora de Comercio S.A», señala el abogado Carlos Cumpa Seminario.
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«Es decir la Caja vende, usted compra, la citada Administradora se la quita y la vuelve a vender, al mismo estilo del llamado clan Orellana, mientras en la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema y en otras instancias, como la Cuarta Sala Civil de Lima, hay vocales que apoyan estos hechos ilícitos violando el principio de imparcialidad», advierte el letrado.
«Y es que votan en las diferentes vistas de la causas, no obstante que están impedidos de hacerlo por ley porque ya tienen opinión formada contra nosotros», agrega Cumpa que es también apoderado de los afectados.
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