¿Dejar la CIDH? Enrique Ghersi asegura que no sirve para nada y afecta la soberanía nacional
Constitucionalista Enrique Ghersi asegura que Corte Interamericana no sirve para nada y el excanciller Rodríguez Mackay indica que podría ser el primer paso en busca de una nueva identidad.
¿Es viable para nuestro país retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)? Mientras algunos especialistas consideran que no sería una buena decisión, otros opinan lo contrario y señalan que podría ser el primer paso para impulsar una nueva entidad de justicia supranacional con los integrantes de la Comunidad Andina, tal como afirma el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay.
Asimismo, la opinión pública es consciente de que el país atraviesa una crisis de seguridad ciudadana que atenta contra los derechos fundamentales.
Nuevo proyecto
Esta semana el congresista Wilson Soto (Acción Popular) presentó un proyecto de ley para que el Perú se retire de la CIDH mediante la denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos, iniciativa que ha sido apoyada por los parlamentarios Luis Aragón, José Arriola, Jorge Flores Ancachi y los implicados en el caso “Los Niños”, Darwin Espinoza, Raúl Doroteo y Marleny Portero.
La medida indica que los Estados pueden denunciar la mencionada Convención Americana con un año de anticipación ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Soto fomentó esta iniciativa para poder aplicar la pena de muerte a los delincuentes ante el aumento de la inseguridad ciudadana.
Como principal argumento de la iniciativa, Soto y sus colegas acciopopulistas señalan que el país atraviesa una crisis de seguridad ciudadana que atenta contra derechos como la vida, libertad sexual, integridad física, entre otros.
“Nuestra permanencia bajo los alcances de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisdicción de la Corte Interamericana no nos permite legislar para tipificar la pena de muerte en el país, como una medida disuasiva ante la comisión de delitos que evidentemente causan terror y zozobra a la población, como la extorsión, el sicariato, asesinato, violación de menores, etc.”, señala el documento.
El pedido anterior
Sin embargo, no es la primera vez que desde el Congreso se propone una iniciativa para que el Perú patee el tablero y decida dar un paso al costado en la Corte. Hace menos de dos meses el legislador Jorge Montoya, de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que buscaba denunciar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
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De esta manera, Montoya pretendía que la Corte IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) no tenga autoridad sobre el Estado peruano en torno a las acciones de la justicia peruana que podrían violar los derechos humanos; aunque, a diferencia de este proyecto para salirse de la justicia interamericana (que se centra en lo político y la independencia de poderes del Estado), el de Soto argumenta que es necesario aplicar la pena de muerte a sicarios, violadores, etc.
Sí se puede
Para el excanciller e internacionalista Miguel Rodríguez Mackay, resulta “absolutamente viable” retirar al Perú de la Corte IDH. ”El artículo 78 de la Convención de San José de Costa Rica, o mejor llamado el Pacto de San José, es muy claro que establece como prerrogativa del Estado el derecho de formular una denuncia del instrumento jurídico, es decir, el derecho de salir o dejarlo. Y por hacerlo, el Estado no queda en acto marginal ni es sancionado”, explicó.
El exministro de Relaciones Exteriores agregó que el Estado debe dar un aviso previo de un año para su retiro formal del instrumento jurídico. Sopesando las consecuencias, Rodríguez Mackay consideró que salir del sistema interamericano debería darse porque en el Perú tiene que implementarse temas como la pena de muerte para los violadores de menores. “Actualmente no se puede porque la convención lo prohíbe. El Pacto de San José prohíbe la fijación de la pena de muerte.
En esa línea, Rodríguez Mackay planteó el Perú debería promover negociaciones en la Comunidad Andina (integrada por Colombia, Bolivia y Ecuador) para contar con un tribunal de derechos humanos que ya no sea continental, sino subregional y andino.
”Hace buen tiempo se han agotado las posibilidades materiales para efectivizar una verdadera administración de justicia. Hay mucha impunidad y se pretende siempre este proceso de anarquización que vivimos ahora. Yo creo que, en el contexto actual del Perú, se requiere aplicar medidas coercitivas que no lo podemos hacer porque estamos inmerso en el Pacto de San José”, añadió.
Por Martín Rodríguez
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