“Acciones contra criminalidad se detuvieron un poco”, señala Felipe James, presidente de Sociedad Nacional de Industrias

¿Qué espera del último año de la presidenta Boluarte?

En este último año de gestión, lo más importante es que se garantice la realización de elecciones transparentes, donde la población tenga la certeza de que el candidato elegido cuenta con todas las garantías y la confianza de un proceso limpio y confiable.

Asimismo, consideramos fundamental que se implementen las medidas de destrabe regulatorio que hemos venido trabajando con el Ministerio de Economía desde hace algunos meses, con el objetivo de agilizar la actividad económica, que actualmente muestra signos de lentitud. Son cerca de 400 medidas las que hemos propuesto, y esperamos que, en el mensaje del 28 de julio, se anuncien la mayoría, o al menos una parte significativa de ellas.

Esperamos también que se continúe enfrentando la criminalidad con mayor eficacia, ya que actualmente representa el principal problema del país y requiere de decisiones políticas firmes para ser combatida. Finalmente, es imprescindible asegurar el libre tránsito de personas, bienes y transportistas en todas las carreteras del Perú, evitando bloqueos como los ocurridos recientemente, los cuales no deben repetirse bajo ninguna circunstancia.

¿Cómo golpea la inseguridad ciudadana al sector privado?

De muchas formas. Primero, por ejemplo, ajustando los costos. El sector privado tiene que destinar recursos para contratar todo lo que tiene que ver con seguridad. Más personal de seguridad, más equipos de seguridad, como cámaras o defensa cibernética para evitar estafas cibernéticas. Todo eso significa aumento de costos. Segundo, retrae las inversiones. No solo inversiones nacionales, sino extranjeras porque los inversionistas extranjeros que ven las noticias en el Perú se asustan. Es un gran efecto el que se tiene en la economía privada. Esto no ocurría hace 5 o 6 años. La criminalidad ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos tiempos y creo que también es un fenómeno que afecta a toda Latinoamérica. Tal vez más en otros países, pero ya en el Perú ha pasado a ser el principal problema en estos momentos.

Frente a esto, Salardi promovió fortalecer la infraestructura de seguridad a través de mecanismos como las Obras por Impuestos (OxI) y las Asociaciones Público-Privadas (APP), a cargo de ProInversión. ¿Está de acuerdo en continuar esta propuesta?

Es una idea que trabajamos con el exministro Salardi, tuvimos varias reuniones con él. De hecho, muchas empresas asociadas estaban dispuestas a colaborar. El tema como que se ha detenido un poco, pero el actual ministro Raúl Pérez Reyes también lo está tomando en cuenta. Esperemos que nuevamente le dé la velocidad que tenía antes. Se trata de complementar la infraestructura en todo lo que significa seguridad, llámese cárceles, también equipamiento de la policía, en vehículos, armamento, etcétera, porque realmente es deficiente y la forma de hacerlo a través de Obras por Impuestos puede ser mucho más rápida que hacerlo vía compras nacionales del Estado. Creo que el tema va por buen camino y si bien se detuvo en un momento cuando salió Salardi ya se está nuevamente tomando en cuenta. En las reuniones que tenemos con el MEF lo estamos conversando.

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