Permanente búsqueda de inclusión minera mediante ley para actividad artesanal: Perú vuelve a necesitar norma que reconozca y potencie a todos sus actores
Hace casi un siglo y medio, un grupo de patriotas intentó dotar al Perú de una legislación minera moderna, liberal e inclusiva.
En 1888, cuando el Perú aún trataba de levantarse de la tragedia nacional que fue la Guerra del Pacífico, un grupo de hombres ilustrados decidió mirar hacia el futuro. Liderados por Leonardo Pflücker y Rico, reconocido intelectual, geólogo, paleontólogo y minero, propusieron una ambiciosa reforma legal para ordenar y promover la minería: el “Proyecto del Código de Minería”, una iniciativa visionaria que buscaba reemplazar el desorden normativo heredado del siglo anterior por un cuerpo legal moderno, claro y adaptado a las necesidades del país.
La comisión redactora, integrada por nombres de talla como Federico Moreno, Ramón de la Fuente, y respaldada por instituciones como la Sociedad Nacional de Agricultura y Minería, entendía que la minería era —y seguiría siendo— el corazón económico del Perú. Y que, sin una legislación coherente, no habría desarrollo posible.
Proyecto visionario
Ramón de la Fuente, el más brillante jurista en materia minera de su tiempo, llegó incluso a redactar su obra “Legislación de Minas del Perú” desde los calabozos chilenos, prisionero en 1883. Su texto fue traducido a varios idiomas en Europa, testimonio del interés y respeto que despertaba el pensamiento legal peruano en el extranjero.
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El proyecto presentado por Pflücker al Ministerio de Hacienda el 12 de octubre de 1888 recogía principios liberales de avanzada: defensa de la propiedad, libertad empresarial, bajo intervencionismo estatal y una estructura tributaria accesible. Tal era la claridad y pertinencia del proyecto que, incluso antes de su aprobación formal, ya era estudiado en otras latitudes. Como afirmaba Alberto A. Elmore, “Este es el sistema más liberal que puede adaptarse en la materia”.
Pero el Congreso de entonces, enfrascado en múltiples urgencias, postergó su discusión durante años. El minero y promotor Enrique Habich tuvo que insistir reiteradamente sobre su importancia, recordando que países como México, Venezuela y Ecuador ya habían reformado sus legislaciones mineras tomando como modelo las leyes españolas de 1868. Pero en el Perú, el proyecto se empolvó, ignorado por una clase política que no supo —o no quiso— entender que la minería no solo era riqueza, sino también ciudadanía, emprendimiento, trabajo y país.
Hoy, en pleno siglo XXI, la historia parece repetirse. Mientras el Congreso discute proyectos que apuntan a la eliminación del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), miles de pequeños productores ven en riesgo su única posibilidad de acceso a la legalidad. En lugar de cumplir su rol constitucional como promotor del desarrollo y regulador efectivo, el Estado se apresta —una vez más— a dar la espalda a los que hacen minería desde abajo, desde las quebradas y socavones, desde el esfuerzo familiar y comunal. Pretender suprimir el REINFO sin ofrecer un marco alternativo viable es claudicar en el deber de facilitar el derecho a hacer minería en condiciones justas, limpias y legales. Es debilitar la institucionalidad en favor de la especulación de concesiones por parte de grandes operadores que, muchas veces, ni siquiera las desarrollan. Es consolidar un modelo de exclusión.
Se necesita una ley minera moderna e inclusiva
Y como lo entendieron Pflücker, De la Fuente, Habich y Moreno hace más de un siglo, legislar para la minería no es solo cuestión económica: es cuestión de justicia, de soberanía y de futuro. El Perú aún espera una ley minera moderna, liberal e inclusiva. Ojalá no tengamos que esperar otro siglo.
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