Noelia Bernal, investigadora del CIUP de Universidad del Pacífico, en entrevista con Expreso: “30 años después repetimos errores: beneficios sin respaldo”
La reforma promete pensiones mínimas más altas y subsidios en el sistema privado, pero sin financiamiento claro. Agenda 2026 advierte que este esquema trasladará mayor parte del costo a los jóvenes y futuras generaciones.
Noelia Bernal, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, advierte que la Ley 32123 —que eleva las pensiones mínimas y crea subsidios en el sistema privado— se aprobó sin un análisis de costos y trasladará la mayor carga a los jóvenes y a las futuras generaciones.
Según sus estimaciones, el déficit previsional podría convertirse en el mayor desbalance intergeneracional de la historia del país. Noelia Bernal sostiene que, si no se adoptan medidas impopulares, pero urgentes, como elevar la edad de jubilación, aumentar los aportes o crear un fondo soberano de pensiones, el sistema previsional se volverá insostenible.
¿Esta nueva reforma de pensiones recarga a los más jóvenes?
Creo que lo positivo de esta discusión es que, por fin, estamos tomando conciencia de la necesidad de reformar nuestro sistema de pensiones. Personalmente, no estoy de acuerdo con esta reforma tal como ha salido, principalmente por el tema fiscal. Pero saludo que exista voluntad de reformar.
El gran problema es que nuestro sistema no cubre a casi nadie, porque la mayoría de trabajadores son informales o independientes y no están obligados a aportar. Entonces, cuando hablamos de reformas, en realidad hablamos de afectar solo a 3 de cada 10 trabajadores. Los otros 7 quedan fuera.
Esta reforma no toca a la mayoría…
Exacto. Si la reforma afecta solo a 3 de cada 10 trabajadores, significa que 7 de cada 10 quedan fuera de la discusión. Es decir, hay una gran incertidumbre sobre cómo van a sostenerse en la vejez, porque el sistema no los incluye. Y lo más preocupante es que tampoco veo mucho interés, ni del gobierno ni de los impulsores de la reforma, en plantear mecanismos que los incorporen.
Si entendemos esta realidad, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿qué ha fallado para que nuestro sistema de pensiones no cubra a la mayoría? Ahí entra el problema estructural del mercado laboral: tenemos demasiada informalidad, y eso hace que la gente no esté obligada a aportar. Una verdadera reforma tendría que empezar por ahí: por un mercado laboral más inclusivo y por mecanismos que permitan que más trabajadores accedan a un sistema de pensiones.
Esta ley, ¿qué ha hecho?
Básicamente, ha creado una pensión mínima en el sistema privado. Eso no existía antes. En el sistema nacional sí había pensión mínima —600 soles con 20 años de aporte— e incluso pensiones proporcionales (250 soles con 10 años y 350 con 15). Eso ya representaba un costo fiscal importante. La ley ahora replica la lógica en el sistema privado: si aportaste 20 años, te garantizan una pensión mínima.
En principio, la idea no es mala, porque busca equiparar derechos: da igual si estás en el sistema nacional o privado, al final todos deberían tener un piso mínimo. Pero la gran pregunta sigue siendo cómo se financia. Y ahí es donde está mi principal crítica: la ley no vino acompañada de un cálculo claro de cuánto costará ni de un plan de financiamiento.
Noelia Bernal, ¿cuánto nos costará en total la reforma de pensiones?
Las estimaciones que hemos hecho dan un costo acumulado de unos S/ 40 mil millones hasta 2075. Eso equivale a 25 puntos del PBI del 2024 solo en el sistema privado, incluso más de lo que hoy cuesta el sistema nacional (15 a 18 % del PBI). Y ojo, nuestras proyecciones se hicieron con datos del 2019, sin incluir los retiros de fondos. Como ahora hay menos dinero en las cuentas individuales, el Estado deberá cubrir más subsidios. Así que el costo real será mayor.
¿Ese gasto de S/ 40 mil millones es anual?
No, es acumulado. El gasto arranca en unos mil millones anuales y va creciendo: 1500, 2000 millones… Hacia el 2050 el gasto acumulado llega a 40 mil millones. Hay que recordar que las pensiones no se pagan un año, se pagan de por vida y, además, generan pensiones de sobrevivencia.
Entonces, ¿los jóvenes de hoy serán los que carguen con ese costo?
Exacto. Los beneficiados inmediatos serán los pensionistas actuales y las generaciones que ya retiraron su dinero, porque la ley no exige que lo devuelvan. A partir de 2040-2050, los jóvenes tendrán que financiar el mayor gasto vía más impuestos, más deuda externa o mayores tasas de interés. Eso afectará sus créditos, sus casas, sus autos. Además, se arriesga la estabilidad fiscal y el grado de inversión del país.
¿Un fondo de reserva, como en Chile (2016) o México (2024), podría ser una solución?
Esos fondos estatales buscan ahorrar para mañana, sabiendo que la población envejecerá. Son más responsables, pero también tienen economías más fuertes, menor informalidad y más reformas. Nosotros, en cambio, no hemos hecho reformas laborales ni fiscales. Por eso no tenemos ingresos suficientes para tantos gastos. Crear un fondo soberano es una opción, pero más urgente es reducir el gasto público y hacer reformas tributarias.
Noelia Bernal, ¿qué riesgos tenemos si seguimos ampliando beneficios sin financiamiento, como en Europa?
Ese camino ya lo vivimos en los años ochenta: sistemas de reparto insostenibles, crisis fiscal y económica. Luego llegaron las AFP como “solución”. Hoy, 30 años después, repetimos errores: más beneficios sin financiamiento. El problema no son las AFP, que son empresas privadas, sino el Estado, que legisla sin medir los efectos de largo plazo. Si seguimos así, corremos el riesgo de otra crisis como la de los ochenta.
En el Perú, la consecuencia de esa crisis fue brutal: una crisis fiscal y económica terrible. Llegaron las privatizaciones y, en pensiones, se trajo el sistema de AFP como la gran solución. Se prometió que formalizaría la economía, que daría pensiones altas gracias a la rentabilidad, etc. La realidad, 30 años después, es que no ha funcionado así. Y ojo: no es culpa de las AFP —son empresas privadas que buscan su ganancia—, sino del Estado, que no hizo reformas integrales ni midió los efectos de largo plazo.
Eso es lo que intentamos mostrar con Agenda 2026: que, si uno mide los efectos fiscales a 40 o 50 años, no puede aprobar una reforma como la actual. El problema es que nuestros países, cada cierto tiempo, repiten errores: ofrecemos beneficios sin respaldo financiero. No aprendemos de la experiencia pasada.
Entonces, ¿qué hacer?
Primero, hay que dejar claro que una ley se puede derogar con otra ley. No porque ya se aprobó significa que tenemos que cargar con este gasto de 25 puntos del PBI. Yo estoy a favor de derogar esta reforma y repensar, con más tiempo, qué cambios hacer al sistema, pero que sean financieramente sostenibles.
En el sistema nacional también hay mucho espacio de mejora. Igual que en otros sectores del gasto público: planillas, compras estatales, consultorías, etc. Siempre se puede hacer más eficiente el gasto. Si reducimos ese gasto, liberamos recursos.
En paralelo, necesitamos reformas que incrementen ingresos: una reforma tributaria que amplíe la base y elimine exoneraciones. Y, a nivel macroeconómico, políticas que nos hagan crecer más. Si logramos crecer, vamos a tener menos personas que necesiten pensión mínima y, por lo tanto, menos gasto. Es un efecto dominó positivo.
El problema es que hoy el debate se centra solo en pensiones, cuando en realidad necesitamos un paquete de reformas en varios frentes: laboral, fiscal, tributario y de gasto público. Solo así podemos diseñar un sistema de pensiones que no ponga en riesgo ni la sostenibilidad fiscal ni a las generaciones jóvenes.
Cheque en blanco
Cada reforma que amplía beneficios sin preveer este efecto demográfico “es como firmar un cheque en blanco que las futuras generaciones deberán asumir”, afirmó Noelia Bernal.
Perfil
Noelia Bernal es economista e investigadora especializada en pensiones, seguridad social y demografía. Es Ph.D. en Economía, M.Sc. en Investigación en Economía y M.Sc. en Economía y Financiamiento del Envejecimiento por Tilburg University (Holanda). Actualmente es, investigadora del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP).
Cifras reales
3 de cada 10 trabajadores, son los afectados por las reformas, los otros 7 quedan fuera.
Longevidad: se incrementa la esperanza de vida cada año
Cada año que aumenta la esperanza de vida, el Estado debe asumir más tiempo de pagos no solo en pensiones directas, sino también en pensiones de sobrevivencia para los familiares. Esto significa que el gasto no es estático: se prolonga y se multiplica, comprometiendo las cuentas fiscales por décadas.
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