Las obras públicas frenadas le cuestan muy caro al Perú
La falta de planificación y control generó más de 2,300 obras públicas paralizadas a escala nacional.
En el Perú, las obras inconclusas son una herida que sigue sangrando los recursos públicos y debilitando la confianza ciudadana. Según la Contraloría General de la República, a mediados de 2025 existen más de 2,300 obras públicas paralizadas en los tres niveles de gobierno, con un valor comprometido que supera los S/43,000 millones. Son recursos atrapados en proyectos que no prestan servicio alguno mientras el país mantiene enormes brechas en salud, educación, agua y transporte.
Una deuda que frena el desarrollo
El problema tiene dimensiones profundas. Los gobiernos locales concentran más de 1,800 obras detenidas, valoradas en más de S/9,700 millones. Por otro lado, los gobiernos regionales tienen 339 obras paralizadas que representan S/17,500 millones aproximadamente.
El gobierno nacional suma alrededor de un centenar de proyectos paralizados, varios de ellos emblemáticos.
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Detrás de estas cifras hay historias de carreteras inconclusas, hospitales sin equipamiento, colegios que nunca recibieron a sus alumnos, sistemas de agua y desagüe abandonados.
Patrones por tipo de actividad
La mayor parte de las obras paralizadas corresponden a infraestructura de transporte (carreteras, puentes, vías urbanas), seguidas por proyectos de saneamiento y agua potable, y luego por infraestructura de salud y educación.
Son precisamente los sectores que más pueden transformar la vida de la población: un hospital inconcluso significa vidas en riesgo; un sistema de agua abandonado perpetúa la desigualdad sanitaria; una carretera a medio construir encarece la productividad agrícola y limita el acceso a mercados.
Eficiencia social y costo de oportunidad
Hablar solo de montos invertidos y pendientes oculta el verdadero daño: los beneficios que el país deja de percibir.
Cada obra detenida significa falta de hospitales, colegios o agua potable mientras el Estado mantiene miles de millones de soles inmovilizados.
El costo de oportunidad es enorme: se desaprovechan recursos que podrían cerrar brechas críticas. Peor aún, muchas obras se deterioran con el tiempo, generando sobrecostos para reanudarlas y, a menudo, nuevos litigios y arbitrajes.
Buena parte del problema se origina en deficiencias de planificación y control. La Contraloría suele detectar irregularidades (sobrecostos, incumplimientos) cuando la obra ya está en ejecución y buena parte del gasto se ha realizado. Ese control tardío genera paralizaciones y eleva los costos.
Entre la planificación estratégica (liderada por CEPLAN), la evaluación de inversiones (Invierte.pe/MEF) y el control (Contraloría) existe un vacío de articulación. Estudios de preinversión débiles han sido declarados viables y luego cuestionados; planes regionales y locales no incluyen criterios de riesgo de corrupción o sostenibilidad; la supervisión llega demasiado tarde.
La “triple llave” para evitar nuevos elefantes blancos
Para revertir esta dinámica se requiere actuar antes de la ejecución de las obras. Propongo instaurar una “triple llave” que combine:
Planificación con visión de riesgo, para que CEPLAN exija que los planes multianuales de inversión incluyan una matriz de riesgos de corrupción y sostenibilidad, elaborada con lineamientos de la Contraloría.
A lo que debe sumarse un control preventivo en la preinversión, porque los proyectos de alto monto o complejidad deberían pasar por una revisión preventiva obligatoria de la Contraloría antes de que Invierte.pe les otorgue viabilidad.
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Y una plataforma integrada de información que permita generar una base de datos compartida por CEPLAN, Invierte.pe y Contraloría, garantizaría trazabilidad: CEPLAN verifica la alineación estratégica, MEF revisa la viabilidad financiera, Contraloría supervisa riesgos de integridad y corrupción.
Ministerio de Infraestructura: oportunidad de reforma integral
El Ejecutivo ha planteado la creación de un Ministerio de Infraestructura que centralice la planificación, formulación y ejecución de grandes proyectos, complementando la triple llave, actuando como un hub nacional para estandarizar procedimientos y coordinar con CEPLAN y la Contraloría.
Su éxito, sin embargo, dependerá de que se le dote de capacidades técnicas sólidas, evitando que sea solo una fusión de entidades débiles, además de que se incluya una unidad de control preventivo interno que trabaje de la mano con la Contraloría. También resulta fundamental garantizar transparencia activa y participación ciudadana en el seguimiento de proyectos, y mantener la coherencia con los planes estratégicos nacionales y regionales para priorizar calidad sobre cantidad.
La solución no pasa por más anuncios ni por inaugurar las primeras piedras, sino por reformas que aseguren que cada sol invertido genere servicios y bienestar reales.
El reto es grande, pero ineludible: un país con obras paralizadas es un país detenido en su propio progreso.
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